Contención del gasto por
$1,900 millones; estado de emergencia en Azuero

Las provincias de Herrera y Los Santos continúan avanzando hacia la recuperación del suministro normal de agua potable. Así lo confirmó ayer el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras una gira por la región de Azuero junto con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Rutilio Villarreal, y el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino.

Sin embargo, en el Consejo de Gabinete se tomó la decisión de declarar en estado de emergencia esta zona debido a que aunque ya las residencias de estas dos provincias reciben agua, esta no es de consumo humano todavía.

Boyd también dijo que ya se han identificado las causas que han producido este problema, que tiene más de 70 años de existir y estar documentado.

“La situación de los ríos es multifactorial y por ende estamos atacando los problemas uno a uno. Hemos estado identificando errores que se pueden estar dando en las fincas porcicultoras y por ende corrigiendo”, dijo.

Según el viceministro de Ambiente, en los ríos que surten de agua a estas provincias se han encontrado 36 puntos de contaminación y se han priorizado 16 actividades que son las principales fuentes de contaminación.

El Ministerio estará realizando un acompañamiento a las fincas porcicultoras para hacer las adecuaciones estructurales y se adapten para garantizar que los vertidos no lleguen a los ríos y se contenga la contaminación.

El equipo del Idaan se encuentra actualmente trabajando en la resolución del problema ocasionado por las “deficiencias estructurales acumuladas por varios años”.

Según el ministro de Salud, mientras no se estabilice al consumo humano el agua en ambas provincias, no se levantará el estado de emergencia en Azuero.

El Consejo de Gabinete también aprobó un conjunto de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público.

Esta decisión se sustentó en la Consitución Nacional, la ley de responsabilidad fiscal y la ley general de Presupuesto General del Estado, además de responder a un escenario fiscal en el que los ingresos disponibles son menores al total de los gastos autorizados.

El plan de ajuste contempla una reducción de hasta $1.900.000.000 distribuidos en $426 millones que corresponden al funcionamiento y $1.400 millones a inversión.

Según el Consejo de Gabinete, la mayor parte del recorte afectará al Gobierno central, con la disminución de $1.536 millones, seguido de instituciones descentralizadas que dejarán de contar con $298.8 millones. Los intermediarios financieros ya no contarán con $36,5 millones y las empresas públicas $28,7 millones, de acuerdo con lo decidido el día de ayer.