TE debe establecer plazo de veda electoral, dice la Corte

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia basó la decisión de declarar inconstitucional el artículo 254 del Código Electoral -que declaraba un periodo de veda de veinte días calendario antes de celebrarse las elecciones generales para la publicación de encuestas- en el derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, y en la importancia del sufragio.

Con seis votos a favor, el voto razonado de los magistrados Jerónimo Mejía y Abel Zamorano, y el voto concurrente del magistrado Harry Díaz, los letrados declararon inconstitucional el mencionado artículo. Aunque el fallo lo firmó la mayoría el 13 de diciembre, los votos razonados de Mejía y Zamorano se cristalizaron recientemente.

Según el fallo al que La Estrella de Panamá tuvo acceso, Zamorano y Mejía no objetan la decisión de la mayoría, sino que apuntan a ciertas consideraciones.

Mejía, por ejemplo, considera que el término de veinte días que se estableció en el Código Electoral como periodo de veda resulta desproporcionado. Recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental y es imprescindible para la democracia, pero al mismo tiempo es un fin que la Constitución busca garantizar.

Por lo tanto, considera que, para la salvaguarda efectiva de este derecho, es necesario no solo proveer a la persona herramientas que permitan su ejercicio, sino también instituir los medios que lo asegure cuando ello suponga restringir en alguna medida otros derechos en atención al fin constitucional.

Estas restricciones a los derechos como la libertad de expresión son posibles en un sistema democrático en la medida que se encuentren constitucionalmente justificadas.

‘No obstante, la norma demandada contempla una restricción que carece de justificación constitucional en virtud de su desproporcionalidad y no por el solo hecho establecer una restricción', señala el fallo.

Pero también toma en cuenta la necesidad del ciudadano de contar con un periodo de sosiego para decidir su voto, y que éste no se vea afectado por indicadores relacionados con encuestas políticas; por tanto, considera prudente establecer ciertos límites, un tiempo razonable anterior a las elecciones.

Un plazo razonable de veda no vulnera la libertad de expresión o el derecho a estar informado, pues es un hecho que en una sociedad democrática los derechos fundamentales pueden ser restringidos bajo parámetros bien definidos como se ha dicho.

Zamorano, por su parte, exhortó al Tribunal Electoral, ente regente en la materia, a establecer el plazo correspondiente de prohibición de publicación y divulgación de las encuestas por haber sido declarado inconstitucional el artículo 254 del Código Electoral.

Zamorano observa que al no señalarse un plazo razonable que reemplace los veinte días, queda un vacío legal en cuanto a la fecha tope previa a las elecciones para la publicación de las encuestas electorales. Ante la falta del plazo, pudiera ser el que establece el 371 del Código Electoral, que dispone como fecha límite de publicación de cualquier tipo de propaganda desde la noche del jueves antes de las elecciones hasta un día después de realizadas estas.

Aunado a esto, hizo énfasis en algunos puntos que deben contener las encuestas para garantizar su certeza: un diseño estructurado de medición sin que sugieran al entrevistado una determinada respuesta; además, debe haber un muestreo correcto; un personal que escoja como encuestador probo y entrenado; un correcto procesamiento de datos, especialmente cuando la recolección de estos incluya preguntas abiertas y, por último, según el magistrado, deben ser consideradas las circunstancias que rodean el estudio de opinión.

Zamorano considera que debe hacerse énfasis en que las ‘regulaciones deben ir dirigidas a garantizar que la información obtenida en las encuestas y difundidas a través de los medios sean ciertas, así como garantizar que la recolección de datos se debe hacer a través de los mecanismos científicos que garanticen su veracidad'.

Por su parte, el magistrado Díaz, quien emitió un voto concurrente, lo fundamentó en que aún cuando los medios tradicionales sean sometidos a un periodo de veda, las redes sociales son prácticamente imposibles de controlar. Debido a ello, parece discriminatorio que se controle a los medios tradicionales y no a las redes sociales.

El Pleno analizó el artículo 19 de la Constitución, que expresa que no habrá fueros ni privilegios por clase social o, sexo o ideas políticas.

También resaltó el artículo 37 de la Constitución, en el que se defiende el derecho de pensamiento de palabra por escrito o cualquier otro medio, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación u honra de las personas.

Así también, citaron las normas internacionales sobre libertad de pensamiento y expresión, al igual que la importancia de que en un Estado democrático se garanticen las posibilidades de circulación de noticias, ideas u opiniones con el más amplio espacio para acceso a la información.

Los principios que resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho a expresar pensamientos y el derecho a recibirlos. Por tanto, al restringir este derecho se vulnera el de expresar información e ideas, al igual que todo tipo de información y opiniones. Los magistrados también basaron su posición en el derecho de toda persona dea comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma.

El Pleno también consideró que la libertad de expresión e información dentro de los procesos electorales es un derecho tutelado a nivel internacional.

‘Al no señalarse un plazo razonable que reemplace los veinte días, queda un vacío legal',

ABEL ZAMORANO

MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA

RECURSO

Antecedentes de la demanda a la veda

La Ley 29 del 29 de mayo de 2017, que reformó el Código Electoral, inscribió en el artículo 215 una prohibición de veinte días previos a las elecciones para publicar encuestas de intención de voto.

No obstante, estos cambios, según una demanda, se efectuaron sin presentar razones jurídicas o políticas que lo justificaran. No se supo el motivo por el cual los diputados habían adoptado esta modificación.

Durante las elecciones de 2014, se contempló una veda de diez días anteriores a las elecciones.

La demanda fue presentada por TVN Media el 16 de abril de 2018.

La respuesta de la Corte, a fechas próximas de las elecciones de mayo, influyeron en la cantidad de encuestadoras que se inscribieron en el Tribunal Electoral para la realización de encuestas.