Diputados y sociedad civil inician debate del proyecto de sustancia económica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inicia hoy el primer debate del proyecto de ley sobre sustancia económica presentado por el Ejecutivo.

El primer debate comienza con la participación de la sociedad civil, a la que la Comisión de Economía ha estado invitando mediante cartas.

“Mañana (hoy) inicia el primer debate de la Ley de Sustancia Económica. Esta primera semana será para escuchar a todos los grupos interesados en brindar sus observaciones y puntos de vista sobre el proyecto de ley. Estaré muy atento junto a mi equipo de trabajo, escuchando a cada uno de los participantes”, escribió el diputado Luis Duke en su cuenta de X.

Esta es la segunda semana de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley, que representa la apuesta del Gobierno para salir de la lista gris de la Unión Europea sobre países no cooperantes en materia fiscal.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se sumó este domingo a las voces que piden la aprobación del proyecto de ley.

El gremio, en su comunicado dominical, que cita a la presidenta Giulia De Sanctis, consideró que esta ley es clave para fortalecer la credibilidad de Panamá, atraer inversión sostenible y seguir siendo un país competitivo y confiable para hacer negocios.

A juicio de Apede, el proyecto de ley no es un mecanismo para recaudar más impuestos, sino para consolidar la credibilidad internacional del país. “Es el momento de preguntarnos qué tipo de inversión y qué tipo de socios comerciales queremos atraer como nación”.

Para los ejecutivos de empresa, los inversionistas buscan ecosistemas con reputación, credibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras. Panamá compite en un entorno global donde la confianza se ha convertido en uno de los activos más importantes para atraer inversión sostenible, empresas serias y operaciones reales que generen empleo, transferencia de conocimiento y valor agregado para el país.

Además, consideran que representa una oportunidad estratégica para Panamá, no solo porque permitiría seguir alineando al país con estándares internacionales, sino porque podría contribuir directamente a mejorar la percepción de riesgo que todavía enfrenta al permanecer en la lista de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal.

El proyecto de ley, conocido como de sustancia económica, modifica y adiciona artículos del Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La propuesta contiene 17 artículos y entraría a regir a partir del siguiente año fiscal después de su aprobación, es decir, en enero, en caso de que los diputados la aprueben durante estas sesiones extraordinarias, que culminan el 6 de junio. Luego deberá ser sancionada por el Ejecutivo.

“Se establecen las reglas de sustancia económica aplicables a las entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá, que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, las cuales deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones (...) a efectos de que dichas rentas no se consideren gravadas...”, señala el proyecto de ley, que fue presentado en la Asamblea en los últimos días de sesiones ordinarias.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá un registro de las entidades, a fin de supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de los requisitos de sustancia económica declarados.

En la exposición de motivos, el MEF explicó que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales deberán estar respaldadas por actividad económica real en el territorio nacional para mantener su tratamiento fiscal. “Esta disposición desincentiva el uso de estructuras sin sustancia, que no realizan operaciones ni generan actividad económica directa en el país”, recalcó.

El MEF hace énfasis en que la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperadoras “evidencia la urgencia de actuar”.

Para Apede, la permanencia en estas listas tiene consecuencias reales. “Muchas empresas internacionales han frenado decisiones de inversión por los costos reputacionales, financieros y operativos que implica establecerse en un país incluido en este tipo de señalamientos”, indicó.