Harley Mitchell dobla la apuesta

PANAMÁ. Desde que se publicó el 11 de mayo en la Gaceta Oficial el Acuerdo 398 que faculta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell para que suspenda del cargo a los funcionarios judiciales que cometan faltas disciplinarias y a la ética, las críticas cayeron como aguacero de octubre.

Pero Mitchell está dispuesto a dar un paso más allá. Está convencido que el documento debe ser convertido en Ley de la República.

Gracias al Acuerdo 398, Mitchell logró que las auditorías que venía realizando desde hace un año en los diferentes juzgados del país, y que terminaron con el hallazgo de anomalías en el sistema judicial sirvieran para que se les impusiera una medida cautelar a cuatro jueces: Rubén Royo, Felipe Fuentes, Xiomara Bulgin y Ricardo Mazza.

Mitchell está estudiando la posibilidad de llevar el documento al pleno de la Asamblea Nacional, donde aún conserva buenos contactos gracias que trabajó por mucho tiempo en este órgano del Estado, para que el voto de los diputados lo convierta en Ley de la República.

“Desde hace dos meses nosotros hemos publicado en nuestra página web un anteproyecto de ley, sobre integridad y transparencia en el Órgano Judicial”, afirmó el presidente de la Corte.

El anteproyecto tiene 55 artículos, y busca prevenir, castigar y acabar con la corrupción dentro de la Corte y los tribunales, que alcanzó niveles de escándalo en 2005 cuando varios magistrados se acusaron mutuamente de corrupción.

Pero antes de este paso Mitchell debe conseguir el apoyo de los otros ocho miembros del pleno de la Corte.

Fuera de los magistrados Esmeralda de Troitiño y Víctor Benavides, colegas de Mitchell en la Sala Cuarta de Negocios y quienes también firmaron el Acuerdo 398, nadie más ha dicho al respecto. El silencio reina en la Corte.

Mitchell explicó que en la exposición de motivos de la propuesta presentados a los magistrados, se contempla la creación de una nueva jurisdicción especial de integridad y transparencia.

Y que con este proyecto se eliminarán por completo los inconvenientes que surjan en la aplicación del “principio de verticalidad” que consiste en el juzgamiento ético y disciplinario por parte de un superior jerárquico, para que sea un tribunal y una fiscalía especializada. Alega que el acuerdo es una herramienta clave para luchar contra la corrupción y que está dispuesto a recibir sugerencias.

De hecho, informó que ha recibido en su despacho, 6 mil 329 sugerencias tanto internas como externas.

La creación del Acuerdo 398, generó muchas voces en contra de quienes lo consideran una violación a las normas constitucionales. No faltaron los gremios que manifestaron su rechazo al documento que fue aprobado por la Sala Cuarta de Negocios de la Corte.

La Asociación de Servidores del Órgano Judicial, la Asociación de Jueces y Magistrados, el Colegio Nacional de Abogados, e incluso la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organismos muy críticos de la corrupción judicial, manifestaron sus reservas.

Entre sus argumentos estaba que el Código Judicial vigente regula los casos y las formalidades mediante los cuales los servidores judiciales de carrera pueden ser trasladados, suspendidos en el ejercicio de sus cargos y destituidos por faltas disciplinarias, por faltas a la ética judicial o por la comisión de delitos penales.

Los gremios opuestos al acuerdo manifestaron su disconformidad ante cualquier acto que pretenda o promueva la separación de un servidor del Órgano Judicial, del ejercicio de las funciones inherentes a la administración de justicia, por causas y procedimientos distintos de los expresamente consagrados en la Constitución de Panamá, el Libro Primero del Código Judicial y el Reglamento que norma la Carrera en el Órgano Judicial.

La polémica tiene como telón de fondo lo que todo el país sabe: que la justicia huele mal. El debate es definir quién y cómo podrá limpiarla.