Henríquez se inclina por sugerencias de mineros

PANAMÁ. El proyecto 277 de reformas al Código Minero entrará a primer debate en la Comisión de Comercio con dos nuevos elementos: la incorporación de un fideicomiso para la protección ambiental de las áreas cercanas a los yacimientos y el aumento de los beneficios económicos a las localidades mineras.

Así lo adelantó ayer el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Roberto Henríquez, tras el inesperado fin de las consultas en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

El titular se reunirá este fin de semana con técnicos del MICI para evaluar las posibilidades financieras de las propuestas, por lo que el lunes, cuando inicie el debate, elevará las sugerencias al diputado Aris de Icaza.

La iniciativa del fideicomiso, presentada por la Cámara Minera (Camipa) el martes, plantea destinar 5% de las regalías para el Estado a la conservación de las áreas mineras. Ese porcentaje se traduciría, según la Camipa, en 500 millones de dólares anuales si las minas Petaquilla y Cerro Colorado funcionaran.

Entre tanto, el aumento de aportes económicos a las comunidades adyacentes a los yacimientos mineros fue propuesto en la jornada del jueves por el diputado colonense Nelson Jackson y el perredista Pedro Miguel González, por separado.

EN OÍDOS SORDOS

La consideración de las ideas de la Camipa y de Jackson y González echó por tierra otras expuestas en los cinco días de consultas. Por ejemplo, la de los ambientalistas (declarar una moratoria a la minería) y la de la diputada ngöbe Crecencia Prado (extinguir la posibilidad de explotar Cerro Colorado). Incluso, la iniciativa a vox pópuli de decidir las reformas a la ley de minería en un referéndum, fue abortada.

DESCONTENTOS

Los resultados de las consultas recibieron una lluvia de críticas de diferentes sectores. Alida Spadafora, directora de ANCON, cuestionó la metodología de la consulta.

A su juicio, las jornadas se debieron llevar a cabo con mesas de trabajo temáticas, similares a las utilizadas en el diálogo por la Ley 30, y no ‘como un rosario’.

Spadafora no descartó que, de convertirse en ley de la República, el nuevo Código Minero sea demandado ante la Corte Suprema de Justicia por ‘inconstitucional’.

Entre tanto, Raisa Banfield reprochó que no tomaran en cuenta la advertencia de que el espacio de debate no era el propicio, porque tenía visos políticos. ‘En la posición de Aris (De Icaza) se veía un aplacamiento de la idea del Ejecutivo (...). Terminamos como empezamos, sin ninguna expectativa’, agregó.

Por el lado indígena, los descontentos no menguaron. Rogelio Moreno, cacique general ngöbe, advirtió más protestas y una posible rebelión social en la comarca si la Asamblea le da luz verde a las reformas, y adelantó que a mediados de febrero presentarían ante las Naciones Unidas una demanda contra el Estado.

Frenadeso, por su parte, se preguntó si el aumento de gravámenes —que calificaron de irrisorio— justificaría el riesgo ecológico al que Panamá se expondría.