No a jueces y magistrados interinos

PANAMÁ. El presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Victor Lewis, envió una carta al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la que rechaza las declaraciones que diera el ministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu y su viceministra María Fábrega.

En la carta Lewis señala que luego de haber leído las declaraciones de ambos ministros sobre los planes del nuevo gobierno en materia de administración de justicia, en el que plantea un “borrón y cuenta nueva” y “empezar con un sistema judicial completamente nuevo”, fundamentado principalmente en la idea de “dejar en interinidad a los jueces y magistrados que hoy forman parte de la Carrera Judicial”.

Lewis señala que estas declaraciones atentan contra la independencia del poder judicial y crean un clima de inseguridad jurídica que repercute de manera negativa en la imagen del país. Estas declaraciones parecen desconocer todos los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia y de que ya hemos definido en conjunto una ruta de la reforma judicial.

Continúa diciendo la carta que “todos los ciudadanos de este país queremos la modernización de la administración de Justicia, queremos un nuevo sistema de justicia penal, un nuevo régimen de nombramiento y evaluación de los funcionarios judiciales, queremos que se acabe con los privilegios procesales de que gozan ciertos funcionarios y queremos una justicia más accesible a los ciudadanos y por todo esto la Alianza participó en la Comisión de Estado por la Justicia y en conjunto con todos los actores gubernamentales, del sector justicia y Colegio de Abogados, acordamos una agenda de reforma judicial y un cronograma que está paralizado por la falta de liderazgo y voluntad de la clase política”.

Por su parte Rubén Castillo Gill de la Asociación Panameña de APEDE, también manifiesta sus observaciones en relación a las declaraciones de los ministros de la Presidencia.

Castillo Gill considera que la idea de jueces y magistrados interinos “es altamente peligrosa, ya que pone en entredicho la institucionalidad y afecta sensiblemente la imagen del país”.

El dirigente empresarial enfatiza en que “para conseguir esto, se requiere la existencia de una carrera judicial que le dé al funcionario la dignidad que le corresponde, la base del mérito y la eficiencia”.

Castillo termina diciendo que “ante esto deben producirse las denuncias, cumplir con los usos del Estado de Derecho y de ser el caso, aplicar todo el rigor de la ley”.