- 09/09/2015 02:00
Tras ocho días de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 214, conocido como ‘antiblindaje', la iniciativa sigue pendiente de la decisión del presidente Juan Carlos Varela.
El mandatario ha dicho que antes de tomar una decisión se harán las consultas necesarias con el Colegio Nacional de Abogados, el Ministerio Público y otros grupos que se han pronunciado con respecto a la iniciativa que aprobó la Asamblea Nacional.
Mientras el proyecto de ley no sea sancionado por el presidente de la República y promulgado en la Gaceta Oficial, la iniciativa no completa el proceso para la conformación de una ley y no puede entrar en vigencia.
Según lo dispone la Constitución de la República, Varela, como jefe del Ejecutivo, tiene dos opciones con respecto al proyecto de ley 214.
Una es sancionarlo con su firma y mandarlo a promulgar en la Gaceta Oficial.
La otra opción sería vetarlo, ya sea total o parcialmente, en el caso de que no esté de acuerdo con el texto de la norma aprobada por los diputados.
Si el presidente Varela lo veta, el proyecto debe ser devuelto a la Asamblea Nacional con una nota en la cual debe explicar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.
Según el artículo 169 de la Constitución Política de la República, el presidente tiene un término máximo de treinta días hábiles para devolver al legislativo el proyecto de ley con las respectivas objeciones.
Si se venciera el plazo de los treinta días hábiles, el mandatario estaría obligado a sancionarlo.
El Colegio de Abogados, que la semana pasada exigió a Varela que vete el documento en su totalidad, no ha tenido contacto con algún representante del Ejecutivo, aseguró a La Estrella de Panamá el vicepresidente del gremio, Juan Carlos Araúz.
Araúz alega, además que es primordial conocer la decisión sobre las cuatro denuncias de inconstitucionalidad contra la Ley 55 de 2012 que reposan en la Corte.
A la vez, el abogado invitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncien sobre los recursos de inconstitucionalidad que hay contra la conocida ‘ley blindaje'.
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‘El término de investigación debe regirse por la finalidad de descubrir la verdad y no la calidad del que se investiga',
JUAN CARLOS ARAÚZ
VICEPRES. COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS