Marcha: la siguiente prueba

PANAMÁ. Como en un campo de batalla medieval hoy, cuando el reloj marque las cuatro de la tarde, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) medirá fuerzas con el Gobierno Nacional, en el momento culmen de un enfrentamiento que lleva tres días.

En la víspera de la gran marcha nacional convocada por Frenadeso, el gobierno desplegó ayer su artillería pesada en distintos sectores.

Desde tempranas horas de la mañana, unidades de la Policía Nacional custodiaron las construcciones que se encuentran en la Avenida Balboa, mientras en los medios de comunicación, los voceros del gobierno repudiaban la actitud de los obreros durante las protestas del martes.

El mismo presidente Ricardo Martinelli advirtió que “quienes cierren las calles tendrán que hacerle frente a la ley”.

Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias calificó las protestas como “provocaciones de la izquierda radical en Panamá”.

De igual manera, José Raúl Mulino, titular de Gobierno y Justicia, convocó a una reunión para dar a conocer las acciones que tomará el gobierno frente a las protestas y actos de vandalismo ocasionados por los manifestantes.

En la cita participaron el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez; el fiscal auxiliar Giovani Olmos y el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Jaime Jované.

El presidente de la CAPAC aseguró que los únicos responsables por los actos del martes son los obreros y no se puede responsabilizar de las pérdidas a terceras personas.

Jované considera que la mayor pérdida que hay tras estos sucesos es la que sufre la imagen que se ofrece a turistas e inversionistas.

Sobre las detenciones de obreros que tenían casos pendientes con la justicia, Jované manifestó que actualmente no pueden verificar el récord policivo de los trabajadores, lo cual se podrá hacer con la iniciativa que presentó el Ministerio de Gobierno y Justicia ante la Asamblea Nacional para solicitar los antecedentes de los trabajadores.

Entretanto el representante legal de Frenadeso, Antonio Vargas, denunció abuso policial en la detención de más de 200 obreros durante las protestas.

Vargas dijo que se les impidió darles alimentos y que antes de pasar a manos de la autoridad competente, fueron remitidos inmediatamente a la Policía Nacional, sede de Ancón, luego conducidos a la DIJ y la mayor parte de ellos fue trasladado a la cárcel La Joya.

Explicó que el corregidor de Calidonia, Paulo Marenco, se negó a conocer del caso, lo que dio pie a que los detenidos en los proyectos de Avenida Balboa fueran llevados a la Policía de forma arbitraria, sin definir su situación jurídica.

“Hoy (ayer) la Policía se tomó los proyectos y detuvieron a los trabajadores por el hecho de insistir en que debían laborar”, aseguró.

Vargas acusó a la Policía Nacional de provocar los disturbios, que degeneraron en violencia y daños a la propiedad privada, por lo que interpusieron un recurso de hábeas corpus en la Corte Suprema de Justicia,

Ante estas denuncias, familiares de los obreros detenidos realizaron un piqueteo en la Corte exigiendo su liberación.

Genaro López, dirigente del Suntracs pidió a las personas que resultaron afectadas por las protestas que se acerquen a la sede del gremio a poner la queja, pero advirtió que los daños serán evaluados y se iniciará una investigación para determinar si fueron los obreros los causantes de estas afectaciones o los miembros de la Policía Nacional.

El dirigente de CONUSI, Gabriel Castillo sostuvo que las actuaciones del gobierno son una señal de intimidación para impedir la gran marcha de hoy, pero que no impedirán que participen de ella.

Incluso las autoridades del Partido Revolucionario Democrático (PRD) dieron luz verde a las bases del partido para que participen libremente de la manifestación.

Con información de Irma Rodríguez, Deivis Cerrud y Neir Carrasco.