¿La estocada final para el PRD?

PANAMÁ. Para nadie es un secreto que el partido gobernante realiza grandes esfuerzos por debilitar al gigante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Así sucedió con las modificaciones al proceso de revocatoria de mandato de los partidos políticos, relajando la norma y permitiendo que autoridades electas abandonen el partido al que pertenecen. El PRD fue el que más sufrió, pues hasta el momento ha perdido alrededor de 20 autoridades electas, entre representantes, alcaldes y diputados.

El último anuncio del presidente, en el que propuso eliminar el subsidio electoral —que para el último quinquenio es de 20 millones 31 mil dólares—, supone también la estocada final al partido que más ingresos recibe del Estado.

La subsistencia del PRD depende en gran medida de los fondos públicos. Gran parte de los 6 millones 575 mil 151 dólares, aparte de lo que se invierte en capacitación interna, es destinada a gastos operativos y parte del gasto de la planilla de los trabajadores del colectivo.

Mitchell Doens, secretario general del partido opositor, reconoció que la eliminación de estos fondos públicos para los partidos es un golpe al PRD.

Señaló que la verdadera intención del gobierno es implementar un proyecto político a largo plazo para acabar con el partido de Omar Torrijos.

Pero más allá de las intenciones políticas que puedan haber detrás de la propuesta de Martinelli, diversos sectores de la sociedad civil expresaron su preocupación por el daño que esto le causaría a la democracia.

El analista político José Isabel Blandón ve las intenciones del presidente como un retroceso a la tendencia mundial que existe para proteger la democracia y los partidos políticos. ‘Cualquiera que sea el fin de este proyecto, no va a resolver el problema que hay con la pérdida de la credibilidad de los partidos y la lucha por evitar que el narcotráfico penetre sus estructuras’.

Blandón asegura que este es un error más que comete el gobierno y que aún hace falta mucha tela por cortar, ya que el proyecto debe pasar por la Asamblea. ‘Al final, pasará lo mismo que con la ley 30. No es el deseo de uno el que determina la conducta de un país’.

El politólogo Harry Brown, por su parte, sostiene que el gobierno debe esforzarse por atender a la ciudadanía sin lesionar los avances que han logrado en las instituciones del Estado.

Brown sostiene que la medida que pretende implementar el gobierno hace más difícil fortalecer los partidos políticos y consolidar la democracia. Según el especialista, la tendencia es que cada vez la política funcione más con fondos públicos para que esté más cerca del pueblo y no de intereses privados.

MARTINELLI SIGUE FIRME

Aun con la lluvia de críticas que ha caído sobre su propuesta, el presidente Martinelli sigue firme en su decisión. El mandatario aseguró que lo más probable es que el proyecto sea aprobado en enero de 2011.

Martinelli manifestó que su gobierno no es excluyente, sino incluyente, y que lo que se busca es que ‘los recursos del Estado sean administrados de una manera transparente y que llegue a todos los panameños’.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, reveló que se conformó una comisión, encabezada por el diputado panameñista Alcibiades Vásquez, para trabajar en el proyecto de ley.

Muñoz negó que la propuesta ponga en peligro la democracia del país, pues permitirá al Tribunal Electoral administrar los dineros del subsidio y las capacitaciones a los partidos.

Dijo estar confiado en que los 47 votos con que cuenta el gobierno en la Asamblea aprobarán el proyecto que se convertirá en ley de la República.