Transformar el Ministerio Público, el objetivo de Porcell

Con un discurso firme sobre la necesidad de transformar el Ministerio Público, Kenia Porcell asumió ayer el cargo de procuradora general de la Nación. Es la tercera dama que ejerce esta función en lo que va del siglo.

Porcell está consciente de que tiene por delante un difícil trabajo y pidió a la ciudadanía un voto de confianza para restablecer los lazos con la institución. ‘Somos rectos. Investigaremos lo que hay que investigar’, dijo, en señal de que no habrá privilegios para nadie, selectividad en las investigaciones ni tolerancia a la impunidad.

Durante su presentación a la prensa, fue reiterativa en lo que asegura será uno de los principales objetivos de su gestión: ‘transformar la institución’. ‘No he dicho destituciones’, aclaró.

‘Hay que valorar el servicio, pero los años de trabajo no implican necesariamente excelencia ni competencia en las funciones. Voy a hacer los análisis pertinentes y posteriormente las rotaciones y cambios que sean necesarios para que la administración de justicia pueda avanzar’, acotó Porcell.

No pasarán muchos meses para que se note el cambio, aseguró.

Después de recibir las llaves de su nuevo despacho de manos de su antecesora, Ana Belfon, Porcell habló en su oficina con la prensa durante unos minutos, tiempo que aprovechó para presentar a quien será próximamente el secretario general de la institución, Rolando Rodríguez Cedeño, quien todavía no ha asumido el cargo, puesto que el actual secretario, Ramsés Barrera, solicitó vacaciones a partir del 2 de enero.

Cedeño, abogado litigante oriundo de David, Chiriquí, se desempeñó anteriormente como fiscal quinto de esta provincia. Fue destituido por Ana Matilde Gómez cuando ésta fue Procuradora.

Como subsecretario general, Porcell designó a David Díaz Martín, funcionario del Ministerio Público y exoficial de la sub Secretaría General de la institución.

Antes de la reunión con la prensa, en horas de la mañana, Porcell había sido juramentada por el mandatario Juan Carlos Varela en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República.

RETOS DEL NUEVO PERIODO

Nunca antes en el país se vivió una situación similar: un magistrado de la Corte Suprema de Justicia acusado por enriquecimiento ilícito; dos exdirectores de una entidad del Estado acusados por mal uso de fondos públicos y con medida cautelar; señalamientos a ex ministros por compras innecesarias o sobrecostos; otros, bajo el escrutinio público ante lo que aparenta una abrupta diferencia entre los bienes declarados y los poseídos al final del periodo de gobierno; un expresidente al que se menciona por haber pinchado teléfonos de los ciudadanos indiscriminadamente y bajo el que recaen sospechas de la pérdida del mismo equipo de espionaje.

Toda esta situación impone una particular presión sobre los encargados de las instituciones de justicia.

Porcell recibe un Ministerio Público cuestionado por su selectividad para realziar investigaciones; con fiscales que ordenan medidas cautelares excesivas para casos secundarios, mientras aparentemente pasan por alto expedientes de alto perfil.

En los delitos de homicidio, existe certeza de castigo para apenas entre un 5% y 10% de los casos; en el resto, no se logra comprobar quién es el autor material e intelectual del crimen.

La institución tiene pendientes 1,558 casos contra la administración pública, de acuerdo con datos proporcionadas por la misma Belfon. Para sacar adelante estos expedientes, se cuenta con apenas seis auditores forenses.

El número de auditores forenses es mínimo, más, considerando los escandalosos casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos que han salido a la luz tras el cambio de gobierno.

Entre los casos más sonados, destacan las investigaciones por posibles sobrecostos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales mantienen ocupados a los fiscales anticorrupción que atienden las indagatorias a empresarios y exdirectores del PAN que asisten en la investigación.

Porcell prometió respetar el debido proceso en la instrucción de sumario y proteger a las víctimas y colaboradores en todas las investigaciones en que estos sean requeridos.

Panamá es el único país en el cual rigen dos sistemas penales simultáneamente, el Inquisitivo y el Penal Acusatorio. Este último entró en vigencia de forma escalonada, para ser completado oficialmente en el 2016, pero no sin los recursos económicos necesarios.

Para lograr investigaciones robustas a la hora de enfrentar los tribunales, Porcell deberá convencer al Ejecutivo de que la Administración de Justicia no puede subsistir con bajos presupuestos. Que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses requiere de una inyección importante para la compra de insumos, reactivos y equipo. Que se requiere equiparamiento de salarios para el personal, que en repetidas ocasiones migra hacia la empresa privada.

En este sentido, antes de abandonar el cargo, Belfon dijo que quedaba en el tintero la ley de administración del recurso de medicina legal.

‘Hay que trabajar para asegurar la ética y la transparencia de los fiscales en las investigaciones’, enfatizando la necesidad de transparencia.