Procesos "perniciosos’ ponen en debate el rol judicial del Legislativo

En la última diligencia en el caso del magistrado separado de la Corte, Alejandro Moncada Luna, ocurrió algo inusual. El fiscal de la causa, el diputado Pedro Miguel González, abandonó el recinto a la mitad del proceso para ir a atender asuntos en el pleno de la Asamblea Nacional.

Ese día el Legislativo debatía, entre otras cosas, la creación del Ministerio de Ambiente y atendía la visita del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien presentó un proyecto de ley sobre las víctimas de Changuinola durante las protestas de 2011.

A simple vista, parece rutinario que un diputado deje a un lado labores para asistir a sus compromisos legales en el pleno de la Asamblea. Pero lo que ocurrió durante la diligencia del magistrado separado Moncada Luna es la confirmación de lo que algunos abogados han calificado como ‘pernicioso’ de una norma constitucional para la administración de justicia.

Dos artículos de la Constitución dan vida jurídica a este modelo de justicia, que desde su inicio ha generado críticas de diversos sectores.

Al principio, los cuestionamientos giraban en torno a que los diputados no juzgaban a los magistrados para que estos tampoco les abran procesos. Como dice el abogado y defensor de derechos humanos Miguel Antonio Bernal, ‘caimán no come caimán’.

La historia parece darle la razón. A pesar de que se han dado investigaciones de ambos lados, no se ha producido ninguna condena. Además del caso de Moncada Luna, que se adelanta en estos momentos, en el pasado, la Asamblea procesó al magistrado José Manuel Faúndes, pero no fue condenado porque la Asamblea no logró completar las dos terceras partes que se requerían para ello.

El actual diputado Carlos Afú fue procesado por la Corte por el escándalo de coimas en la aprobación del proyecto del ley para el contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios y fue sobreseído. Esto, a pesar de que en una conferencia declaró haber recibido $6 mil que mostró a las cámaras.

Por este caso también fue procesado en la Corte el expresidente Martín Torrijos, en ese momento diputado del Parlacen. Como no se le levantó el fuero electoral antes de iniciar el proceso, la investigación en su contra no se pudo continuar.

JUZGAR CON LA POLÍTICA ‘ENTROMETIDA’

Ahora, la investigación en contra de Moncada Luna avanza en medio de la críticas de abogados de que el proceso tiene fallas.

Desde el día cero está ‘ultrapolitizado’, comenta Bernal, sin entrar a ver si es culpable o no de los delitos que se le acusa.

‘En esta situación entramos en el terreno de politización de lo jurídico y la judicialización de lo político’, afirmó Bernal. Aunque se trata de una disposición que si bien está contemplada en la Constitución, es de carácter político, mas que jurídico, recalcó.

‘No se puede pedir que el diputado fiscal de la causa, González, actúe como si no fuera político, cuando toda su vida eso es lo que ha sido’, resaltó.

A esto se le suma que una de las juezas de garantías (la diputada Kathleen Levy) no cumple, a juicio de Bernal, los requisitos mínimos para ese cargo.

Las interrogantes son muchas y una que salta a la vista es qué hubiese pasado si en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, que admitió la querella en contra del magistrado separado, no hubiese diputados abogados.

La legisladora Zulay Rodríguez, una de las juezas de garantía del caso, dice que se hubiese tenido que buscar asesores legales para auxiliar a la subcomisión de Garantías, que la conforma, además de Levy y Rodríguez, la diputada Ana Matilde Gómez.

Bernal tiene otro punto de vista. ‘En mi opinión, la violación al debido proceso hubiese sido mucho más flagrante’, dijo.

¿ACASO HAY TIEMPO?

La diputada Rodríguez aporta otros elementos que ponen en evidencia que la norma constitucional no es factible en la administración de justicia. Dice que hay unas 35 denuncias en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que es complicado atenderlas mientras los diputados cumplen con su trabajo de legislar. ‘¿En qué momento?’, se inquiere.

Habría, añadió, que esperar que termine el proceso en contra de Moncada Luna para entrar a analizar los otros casos.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, consideró que la norma constitucional es lo más ‘pernicioso’ que hay en la administración de justicia.

Los diputados atienden a una ‘línea política de sus partidos y eso hace que un magistrado quede en manos de un colectivo político’.

LA CLAVE: REFORMAR

Todos coinciden en que este modelo de administración de justicia no puede continuar; sin embargo, difieren en la alternativa. Bernal plantea que tanto los magistrados como los diputados sean juzgados por el Ministerio Público, como cualquier ciudadano.

Álvarez considera, en cambio, que se debe crear un ente judicial que se encargue de designar a los magistrados y procesarlos, y que los diputados sigan siendo juzgados por los magistrados de la Corte.

Lo cierto es que cualquier cambio se tiene que ser desde la Constitución. El Gobierno tiene previsto convocar a una asamblea constituyente a inicios del próximo año.