Blandón: ‘Gobierno quiere sacar a Bosco en enero’

PANAMÁ. El diputado y asesor alcaldicio ad honórem, José Isabel Blandón, denunció ayer lo que desde el fin de la alianza se ha supuesto: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prepara un proyecto por el cual declararía la inconstitucionalidad del decreto que le devolvió la ciudadanía al alcalde Bosco Vallarino. Y en función de eso, lograrían sacarlo del cargo y quitarle al Partido Panameñista su último cuartel de poder público.

Esto, adelantó Blandón, ocurriría en enero entrante, una vez se instale la nueva Corte. Como el caso está en manos del magistrado Alberto Cigarruista, será su sucesor, Hernán De León —recién designado por el presidente Ricardo Martinelli— quien tenga que asumir una decisión. Y, dice, ‘no sé si va a resistir esa presión’.

¿Pero podrá la Corte tener más peso que el voto popular, el mandato constitucionalmente supremo? Eso está por saberse.

‘PROYECTO CIRCULABA HACE TRES MESES’

‘Lo voy a decir con nombre y apellido: el magistrado Moncada Luna estuvo antes, hace como tres meses, tratando de sacar un fallo, forzar la situación dentro de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la resolución que aprobó la Asamblea Nacional’, dijo Blandón en TVN.

Con la Resolución 2 del 3 de julio de 2009 (aprobada en mayoría por la entonces bancada oficialista CD - Panameñista) la Asamblea Nacional le devolvió retroactivamente hasta el año 2000 los derechos civiles a Vallarino. Le abrió el camino para asumir la Alcaldía capitalina. Lo hizo bajo fuertes cuestionamientos, y provocó tres demandas ante la Corte que fueron acumuladas.

De todos modos la posibilidad de que Bosco salga de su municipio sería más que una decisión judicial, eminentemente política, coinciden dirigentes de la sociedad civil y analistas.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, cree que pese a que la Corte tiene la potestad de definir la constitucionalidad de los actos de los demás órganos del Estado, quitarle el cargo a Vallarino ‘sería cuestionable’.

El investigador de mercado, Jaime Porcell, manifiesta en tanto que ‘simplemente Bosco está en líos’. ‘La Asamblea cometió exabruptos, y ahora esto pasa porque en su momento se tomaron decisiones políticas’.

LAS RAZONES

¿Por qué sacar a Bosco ahora a la mitad de su período —justo cuando el gobierno en turno ha nombrado a la mayoría de los magistrados vigentes— y no antes? Roxana Méndez y una nueva trinchera de poder para el oficialista Cambio Democrático (CD) se dibujan en el panorama.

Muchos de los que apoyan la salida de Vallarino apuestan a que Méndez —quien se separó de su cargo de vicealcaldesa en noviembre de 2009—

regrese, y así evite más desgastes a su imagen al frente del complicado Ministerio de Gobierno.

Pero esas intenciones tienen piedras en el camino: el artículo 45 del decreto 9 de 2008 deja a Méndez fuera del cetro municipal. Lo que le pase a Bosco se extendería a ella. (Véase nota relacionada)

EL DEBATE SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CSJ

Pero más contradicciones giran alrededor de este melodrama político. Mientras unos aseguran que la Corte no puede definir si el hoy alcalde tenía o no los derechos ciudadanos vigentes cuando fue electo, otros sostienen que la Corte está llamada a cuidar la integridad de la Constitución.

‘Quien tiene que decidir si Bosco tenía derechos ciudadanos el día de las elecciones es el Tribunal Electoral... sería una intromisión de la Corte en temas del TE’, plantea Blandón.

Para el exmagistrado electoral Guillermo Márquez Amado, en tanto, el caso Bosco ‘no es tema electoral’. ‘Aquí la Corte tiene que declarar si fue o no constitucional lo que hizo la Asamblea’.

Pero, agrega, esto no hubiera ocurrido si el TE hubiera hecho algo simple: verificar cuando se planteó el problema, si Vallarino tenía o no tenía ciudadanía. ‘Eso se manejó mal... muy mal’, formuló.