Las cifras forman parte de las proyecciones de la cartera agropecuaria del Banco Nacional de Panamá, donde existen unos 5,400 productores activos. El banco...
- 14/12/2014 01:00
La corrupción política no atravesó de repente el firmamento de nuestro país cual rayo en un cielo sereno.
Estuvo presente en cada acción institucional, grupal o individual que antepuso en toda nuestra historia republicana, los intereses privados a los intereses colectivos del espacio público.
Por lo tanto, la corrupción es un proceso de naturaleza acumulativa que está sometida a saltos de calidad, como resultado de sostenidos incrementos en sus ‘conocidos’ y ‘reiterados’ escándalos.
En ese sentido, la suma de todos los actos de corrupción definen históricamente la calidad de lo que hoy padecemos; también, el carácter casi totalizante que tiene la corrupción al impregnar a la mayoría de los estratos sociales. Con todo, estos escándalos que comenzaron hace décadas tienen como cosa nueva su tamaño, también su extensión.
Para aproximarnos analíticamente a los temas de la corrupción política en Panamá, hay que relacionarla necesariamente con la cuestión del poder.
Esta es la única manera de despojarla de la dimensión moralizante y/o normativista con la que usualmente se le trata, y que diluye el sentido profundo que el problema tiene, el político. Superar estas tradicionales perspectivas de la corrupción, nos debe permitir por una parte, asumir y explicar el problema sociológicamente; y por la otra, entender que una política anti—corrupción para que sea eficaz, debe ser capaz de explicar sus complejas causas, conocer las distintas expresiones que asume (individual, grupal, institucional o sistémica), y comprender también, las disolventes consecuencias que tiene en el tejido social. Por eso una política de este tipo exige ser integral.
No obstante, para identificar los diferentes tipos de corrupción, uno de los recursos más conocidos es el de construir el ‘fenómeno’ a partir de diferentes unidades analíticas.
Proceder analíticamente aquí significa distinguir en ella diferentes niveles, lo que conlleva reconocer para distintos actores y escenarios, desiguales formas de ‘manejar’ la relación de determinados medios con determinados fines.
MEDIOS Y FINES
Esta relación es sociológicamente importante ya que los medios y fines elegidos establecen por sus vínculos diferentes orientaciones, ya sea interviniendo según el caso, en la reproducción de la fuerza de trabajo o en la acumulación de la riqueza o del capital: son ejemplos de ello, la ‘lógica de la sobrevivencia’ de la pequeña corrupción del barrio o del ‘ghetto’ vs la lógica de la codicia o de la ambición a nivel de los grandes actores de mercado o del poder político.
El problema es que el rasero moralizante o el normativo no hacen distinción y aportan poco en lo que se refiere a su contribución en la formulación de políticas públicas de prevención.
También están las distinciones punitivas que tienen otro tenor y se hacen a otro nivel. Ilustra lo que revela un ex Procurador General de la República –en una entrevista en un noticiario matutino—, que en nuestro país un joven está pagando diez años de cárcel por robar diez balboas, un año por cada balboa.
Lo peor de todo esto, es que en nuestras cárceles no hay un solo condenado de los llamados de ‘cuello y corbata’ o de ‘alto perfil social’, que escasamente podría nivelar la gran injusticia cometida con el joven de los diez balboas.
LA VISIÓN SOCIOLÓGICA
Sociológicamente la corrupción política es una acción social que relaciona a individuos, grupos e instituciones y que tiene diversos impactos en la sociedad. Sin embargo, por ser precisamente un comportamiento de naturaleza social, la corrupción como fenómeno es compleja y conlleva para su explicación una multiplicidad de causas.
Igualmente, en términos analíticos no puede desconocerse el nivel macro de la corrupción, cuyas lógicas de funcionamiento son distintas a la que se despliegan a nivel micro. Con todo, aun cuando en muchos casos todas están vinculadas, analíticamente es importante desagregarlas del conjunto.
El interés sociológico surge, para los efectos explicativos y de unas exigentes políticas públicas anti-corrupción por elaborar, en que será necesario por ejemplo: hacer distinción entre la coima de un funcionario de última categoría, y el peculado de las altas esferas de poder, ambas moralmente reprochables pero analíticamente distintas.
La corrupción política en nuestras sociedades ha sido considerada conceptualmente como un problema a nivel estructural o institucional; también la de tener la condición de ser un problema cultural y/o moral. A su vez, están las posiciones normativas que explican el problema por imputación, es decir, por la violación de una norma. Cada una de estas consideraciones tiende a explicar o a describir la corrupción política desde algún modelo teórico de alcance general, hasta la identificación detallada de algunas características de la corrupción a nivel individual.
Todo ello ha hecho de la definición del fenómeno un problema metodológico de vital importancia. Sin embargo, la corrupción política pese a su gran complejidad y a las dificultades que conlleva elaborar una única definición, puede sociológicamente ser abordada a partir de sus diferentes niveles; ser comprendida en sus distintas racionalidades; y por consiguiente, permitir construir diversas propuestas explicativas.
CORRUPCIÓN Y ECONOMÍA
El mayor flagelo de la corrupción política son aquellas sociedades cuyas instituciones públicas han sido capturadas por intereses privados corporativos, nacionales o extranjeros.
También es de esperar, que la mayor resistencia a una política anti-corrupción de naturaleza integral, vendrá de estos secto- res vinculados a las altas esferas de los poderes, tan- to políticos como burocrá- ticos.
El Banco Mundial las denomina sociedades que padecen economías con Captura del Estado.
La manipulación de normas para el beneficio de estos sectores es parte de un proceso que ya ha recorrido la distancia de varias décadas. Desde las onerosas comisiones de las privatizaciones de los servicios públicos a inicios de los noventa—donde se intentó privatizar hasta el agua—, hasta este último intento de la captura del Estado por parte de un emergente sector del capital comercial y especulativo, que necesita prosperar al amparo de instituciones permisivas y de la corrupción que ellas engendran.
La diferencia cualitativa con anteriores procesos reside en que en los últimos años se intentó tomar por asalto toda la institucionalidad estatal y construir una nueva forma de dominación política fundada en la desarticulación institucional del deficiente orden democrático de nuestra sociedad.
Esta es una ecuación harto conocida en estados fallidos, dado que sus efec- tos tienen altos costos políticos y sociales: poder político + corrupción = desintegración institucional y social.
Es la fórmula eficaz para un capitalismo depredador y salvaje y que tiene su razón de ser en la ausencia de institucionalidad y de regulaciones. Cuánto costará aprender de nuestra experiencia política para entender como país, que quienes se empeñen en enriquecerse a costa del bienestar de la sociedad, y deseen salir impunes, primero intentarán corromperla.