Proyecto Puerto Barú en Chiriquí presenta demanda a grupos ambientalistas por calumnia e injuria

El abogado José María Caballero, en representación de la sociedad Ocean Pacific Financial que gestiona el proyecto Puerto Barú en la provincia de Chiriquí, presentó este miércoles 6 de agosto; dos querellas penales contra el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam) y Adopta Bosque Panamá por los supuestos delitos de calumnia, injuria y delitos contra la economía.

“Ellos han estado lanzando una gran cantidad de inexactitudes técnicas contra nuestros representados [Puerto Barú], a fin de desvirtuar el proyecto, el cual ha cumplido con todos los requerimientos de más de diez oficinas públicas, entre ellos el Ministerio de Ambiente, y tiene su estudio de impacto ambiental”, detalló el abogado.

El 5 de septiembre de 2024, seis organizaciones ambientales presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se declarara nulo el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú en David, aprobado en la Resolución DEIA-IA-0003-24 del 16 de enero de 2024, alegando que se trataba de un acuerdo “ilegal”.

Sin embargo, la CSJ negó la suspensión provisional del estudio y, por tanto, este plan ambiental que permite la construcción del Puerto Barú siguió vigente, un hecho al que el abogado hizo alusión. Comentó que los recursos legales de dichas organizaciones habían sido rechazados y, pese a esto, siguieron “lanzando diatribas”.

“Este ataque entra en delito contra la economía. Se lanzan rumores que repercuten a nivel internacional y afectan el financiamiento. Este es un proyecto de varios cientos de millones de dólares. Afecta a los inversionistas, a la confianza y la imagen del país para nuevas inversiones”, expresó Caballero.

El proyecto Puerto Barú en Chiriquí contempla una inversión de $250 millones, con una planificación a largo plazo en fases que se extienden por 20 años, respondiendo a una visión de un complejo portuario multipropósito que despertó las preocupaciones de grupos ambientalistas sobre el daño a los manglares y a las especies marinas.

Joana Ábrego, gerente legal de CIAM, expresó que esperan acceder al documento oficial de la demanda para conocer en qué puntos su organización ha emitido información falsa. “Utilizamos los mismos datos en los expedientes de evaluación de impacto ambiental y el producto de nuestros propios análisis técnicos para advertir a la población de los riesgos de este proyecto y por eso queremos revisar a qué se refiere con esa información”, dijo.

CIAM solicitó a la CSJ que declarara la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental porque se “viola la legislación ambiental”.

“No consideraron el impacto que este proyecto va a tener en un área sensible en nuestro país que contiene el 25% de los manglares de todo Panamá, no se han seguido los procedimientos adecuados, incluyendo el hecho de que la autoridad antes de tomar la decisión no ponderó adecuadamente los comentarios que fueron recibidos durante la consulta pública, que es un factor muy importante para garantizar que se toman decisiones sobre la viabilidad de los proyectos”, afirmó Ábrego en una entrevista a La Estrella de Panamá.

La gerente general de CIAM, se refirió a las declaraciones de la empresa que gestiona la obra de Puerto Barú que afirmaban el aval del proyecto a raíz del rechazo de la CSJ a la suspensión provisional del estudio, recalcando que aquello no era cierto y que la CSJ seguía “evaluando la legalidad del estudio ambiental”.

“Tienen una resolución que aprueba el estudio de impacto mental, pero esto no quiere decir que la sociedad civil no pueda cuestionar si esto fue aprobado conforme a la normativa. Esto es un derecho de cualquier ciudadano que considere que ha sido infringida la legislación ambiental y que necesita actuar para defender a la naturaleza, sobre todo en un país que desde el 2022 tiene una ley que protege los derechos de la naturaleza”, dijo.

“Es algo característico de cualquier país democrático y es lo que ha hecho nuestra organización en defensa de la naturaleza y otras organizaciones, porque no somos la única”, explicó Ábrego.