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- 28/12/2025 00:00
El 31 de diciembre suele estar asociado a despedidas y celebraciones de fin de año. Sin embargo, en Panamá, el 31 de diciembre de 1999 quedó marcado en la memoria colectiva con un significado que trasciende el calendario. No fue una fecha cualquiera: ese día se concretó el traspaso del Canal, un hecho que puso fin a décadas de administración extranjera y abrió una nueva etapa en la que el país asumió plenamente el control de la vía interoceánica que ha definido su historia, su economía y su identidad nacional. Más que un acto administrativo, fue una afirmación de soberanía que convirtió una jornada habitual de festejos en un hito irreversible de la historia panameña.
Mientras el país despertaba, Panamá se convertía oficialmente en dueño de una de las infraestructuras más estratégicas del mundo. Este momento fue el resultado de un proceso iniciado antes, con la firma de los Tratados Torrijos–Carter en 1977, que sentaron las bases para una transferencia gradual. Durante ese tiempo, el país se preparó para asumir la administración de una vía compleja, clave para el comercio mundial y observada atentamente por la comunidad internacional.
Desde su inauguración en 1914, el Canal de Panamá operó bajo administración estadounidense. Aunque la obra atravesaba el corazón del istmo, su control quedó fuera del alcance del Estado panameño. Con la creación de la Zona del Canal, se estableció un enclave con leyes propias, autoridades propias y una dinámica que la separaba del resto del país.
Durante décadas, la Zona funcionó como un territorio paralelo. Para muchos panameños, el Canal era visible, imponente, pero distante. Era una infraestructura que simbolizaba progreso y modernidad, pero también una soberanía fragmentada. Esa contradicción acompañó a generaciones enteras.
La presencia estadounidense no solo se sentía en lo político o territorial. También se reflejaba en lo cotidiano: en el acceso restringido, en las diferencias laborales y en una división social que marcaba quién pertenecía y quién no a ese espacio.
La tensión acumulada explotó el 9 de enero de 1964. Ese día, cientos de estudiantes panameños llegaron hasta lo que era entonces la Escuela de Balboa de la Zona del Canal, para reclamar la izada de la bandera nacional.
El episodio marcó un antes y un después. El país entero reaccionó. Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se rompieron y el reclamo por el Canal adquirió un carácter definitivo. A partir de ese momento, la devolución de la vía interoceánica dejó de ser una aspiración difusa y se convirtió en una exigencia nacional.
La memoria de esa fecha quedó ligada, de manera irreversible, al proceso que culminaría décadas después con el traspaso.
En 1977, tras años de presión diplomática y negociaciones, Panamá y Estados Unidos firmaron los Tratados Torrijos-Carter. Por primera vez, se estableció un calendario claro para la reversión del Canal y el desmantelamiento progresivo de la Zona del Canal.
Los tratados fijaron una fecha que quedó grabada en la historia nacional: el 31 de diciembre de 1999. A partir de ese momento, el traspaso dejó de ser una promesa abierta y pasó a ser una certeza con fecha.
Para Panamá, el reto no era menor. El país tenía que prepararse para administrar una de las rutas comerciales más importantes del planeta.
Durante los años de transición, Panamá emprendió un proceso silencioso pero profundo de preparación. No se trataba solo de recibir una infraestructura, sino de garantizar su funcionamiento continuo, su seguridad y su eficiencia. El Canal no podía detenerse.
La creación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) fue clave en este proceso. La formación técnica de personal panameño buscó asegurar que, cuando llegara el momento del traspaso, la operación se mantuviera sin interrupciones. La mirada internacional estaba puesta sobre el país.
Cada simulación, cada capacitación y cada ajuste administrativo formaban parte de una prueba anticipada. El Canal debía seguir funcionando con la misma precisión, ahora bajo una nueva administración.
Cuando finalmente llegó el 31 de diciembre de 1999, en el edificio de la Administración del Canal, en Balboa, se realizó la ceremonia oficial.
El Canal dejaba formalmente de estar bajo administración extranjera y pasaba a manos panameñas, tal como se había pactado más de veinte años antes.
Con el paso de las horas y los días, el significado del traspaso comenzó a asentarse. El Canal dejaba de ser únicamente un símbolo histórico para convertirse en una responsabilidad cotidiana. Administrarlo implicaba decisiones técnicas, económicas y políticas de largo alcance.
Para muchos ciudadanos, el momento se vivió con expectativa más que con euforia. El orgullo existía, pero venía acompañado de una conciencia clara: el Canal ahora era panameño, y con ello llegaba la obligación de protegerlo, hacerlo sostenible y proyectarlo hacia el futuro.
Los ingresos generados por su operación comenzaron a quedarse en el país, reforzando su papel como motor económico. Pero el verdadero cambio fue simbólico: Panamá dejó de reclamar el Canal y empezó a ejercerlo.
El 31 de diciembre de 1999 continúa siendo una fecha de referencia en la memoria histórica del país. No solo por el hecho concreto que ocurrió ese día, sino por todo lo que representó para Panamá como nación. La recuperación del Canal no significó únicamente la transferencia de una infraestructura estratégica, sino la asunción plena de una responsabilidad histórica: administrar, proteger y proyectar una vía interoceánica que conecta al país con el mundo y que incide directamente en su desarrollo económico, social y político. Desde entonces, el Canal dejó de ser un símbolo distante para convertirse en una tarea cotidiana de Estado.
En el contexto actual, marcado por retos como el cambio climático, la escasez de agua, las transformaciones del comercio global y las presiones geopolíticas, aquel traspaso adquiere nuevas lecturas. La soberanía, lejos de haberse agotado en 1999, comenzó a ejercerse de manera concreta desde ese momento, obligando al país a tomar decisiones complejas, a invertir en sostenibilidad y a defender el valor estratégico del Canal en un escenario internacional cada vez más competitivo e incierto.