Las deudas de Panamá con la comunidad LGBTQ+

En la actualidad, Panamá goza de un sistema democrático acompañado de un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, ese sistema de oportunidades e igualdades ante la ley no se ve reflejado en la realidad de algunas comunidades que siguen siendo discriminadas.

“En Panamá no hay leyes que defiendan los derechos de la comunidad LGBTQ+. Es un país que ha crecido económicamente, pero ha retrocedido en materia de derechos humanos”, así lo expresó el abogado, activista de derechos humanos y presidente de la Fundación Iguales, Iván Chanis a La Estrella de Panamá.

El pasado 28 de octubre, la Fundación Iguales, junto con Synergia, Red de Litigantes LGBT de las Américas, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Coalición LGBTTTI & TS participaron en la audiencia pública de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los impactos de las leyes de criminalización que continúan afectando a las personas LGBTI+.

Se trata de la tercera vez que la Fundación Iguales se presenta ante la comisión para denunciar “la situación de olvido y discriminación hacia la población LGBTIQ+ de Panamá”.

Existe una discriminación basada en género que afecta a las personas trans. De acuerdo con una encuesta realizada anualmente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), una de cada cinco personas en Panamá no se sentiría cómoda trabajando a la par que una persona trans.

Además, cuatro de cada diez personas no está de acuerdo con que las mujeres trans puedan tener documentos que las identifiquen como mujeres.

De igual manera, la encuesta detalló que durante la pandemia la comunidad LGBTQ+ se vio afectada al sufrir violencia por parte de las autoridades. Se analizaron 45 casos denunciados desde el 1 de abril de 2020 y 15 de enero de 2021 donde se encontró lo siguiente:

La mayoría de las veces (18/45) la discriminación se dio por parte de miembros de la Policía Nacional. La seguridad privada y personal de los supermercados, bancos o farmacias ejerció esta discriminación en 23 de los 45 casos, 1 caso por personal de salud de una clínica privada, 1 caso por un miembro del Cuerpo de Bomberos y 1 caso por el dueño de un apartamento alquilado. En 1 caso adicional, la persona apunta a las autoridades gubernamentales que formulan las políticas excluyentes.

“Nada”. Esta fue la respuesta de Iván Chanis al preguntarle sobre las medidas que Panamá ha tomado para proteger y velar por la vida de la comunidad LGBTQ+.

“En diciembre de 2018 y en octubre de 2020 presentamos nuestro caso, y hasta la fecha absolutamente nada ha mejorado en Panamá. Por el contrario, hemos retrocedido en el cumplimiento de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Hoy se nos criminaliza y victimiza más que en 2018”, dijo Chanis.

“La invisibilización nos criminaliza, perpetúa el estigma, genera violencia, nos aparta del desarrollo social”.

En Panamá, la comunidad LGBTQ+ enfrenta retos día a día para gozar de los derechos básicos que se le otorga al ciudadano panameño como alimentación y salud.

“Los retos empiezan desde la falta de sensibilización ya sea de operadores de justicia o de salud de reconocer la dignidad de las personas LGBT+”, dijo Chanis. “Es un trato distinto donde se les prohíbe servicios básicos por su orientación sexual o de identidad”.

En el caso de las personas trans, Chanis explicó que se les niega por completo el cambio de sexo o nombre a la hora de querer modificar la información en sus cédulas.

Por otra parte, durante la pandemia se les negaba por completo la salida de sus hogares a personas de la comunidad LGBTQ+. Linx Arango, activista de derechos humanos y hombre trans, conversó con La Estrella de Panamá y contó que a inicios de la crisis sanitaria, en un periodo de ocho meses, solo pudo salir dos veces de su hogar.

“A pesar de ser hombre, mi cédula muestra que pertenezco al sexo femenino. Quise ir a comprar algo para mi abuela en una ocasión y me detuvieron prohibiendo el ingreso al lugar. En otra ocasión quise ir a comprar un medicamento porque no tenía la opción del delivery y no me permitieron entrar al establecimiento”, contó.

Linx explicó que estos son solo dos de los 45 casos que ha denunciado en la 'Fundación Iguales' y en 'Hombres Trans Panamá'. “De igual manera hay muchos casos de personas que no se atreven a denunciar por la doble exposición que esto implica para muchos de nosotros”, dijo.

Arango explicó que hay casos donde las mujeres trans son arrestadas por el simple hecho de “existir en la vía pública”.

El 24 de noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su interpretación de la opinión consultiva 24, reconoció el “cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la  identidad de género  de cada una y el reconocimiento de los  derechos patrimoniales  derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo”.

Según este pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), todos los Estados pertenecientes a la misma (Panamá incluido), tienen la obligación de reconocer a las personas trans y modificar la información presentada en sus cédulas de identidad si así lo desean.

Sin embargo, Panamá decide voltear la mirada. “El Tribunal Electoral se acoge o se protege diciendo que no se pueden hacer estos cambios porque dependen de la interpretación y decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, lo cual es falso y se ha explicado mil veces”, recalcó Chanis.

“La entidad tiene la obligación no solo de aprobar el cambio de nombre y sexo en la cédula de identidad, sino de aprobar el matrimonio civil de parejas del mismo sexo y lograr el cambio social en Panamá, pero el país se escuda en excusas para no tomar acción”.

La Fundación Iguales es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el respeto, la igualdad y los derechos humanos a la diversidad en la sociedad. “Inicié la Fundación Iguales con la esperanza de que sea un vehículo para el cambio social”, dijo Iván Chanis. “Participaba junto a un grupo de abogados para litigar sobre el matrimonio civil de parejas del mismo sexo”.

“Desde ese día ha sido mi misión trabajar con la fundación para brindar otra alternativa y narrativa de porqué es importante proteger a las familias diversas y porqué es importante hablar de políticas de no discriminación”.

Junto con la fundación y las alianzas con otras organizaciones, Chanis ha podido crear campañas como 'Sí, acepto', con el fin de lograr el respeto al derecho que tienen las parejas del mismo sexo de formar una familia, mediante la legalización de la figura del matrimonio civil en el país.

Por su parte, Angelique Nixon, directora de Caiso: Sex & Gender Justice, expresó su preocupación ante la violencia y la discriminación que sufren estas personas y resaltó que es un momento para hacer un cambio: “Para muchas personas LGBT, la violencia comienza en la familia, lo cual afecta su bienestar, salud mental, estatus socioeconómico y sus oportunidades de vida”, dijo.

“Es momento de darnos cuenta de que somos todos iguales y de que merecemos el mismo goce de la vida sin importar nuestro género u orientación sexual”.