País que lidera: instituciones panameñas libres de plásticos de un solo uso

La Ley 187 de 2020 colocó a Panamá entre los pioneros en reducir plásticos, pero su cumplimiento aún tropieza con incoherencias cotidianas

En una feria ecológica regional reciente, bajo el sol inclemente de la cancha techada, viví un momento que me dejó una mezcla de orgullo y sorpresa.

Orgullo, porque allí estaban niños y niñas de cinco escuelas distintas, presentando con seguridad y entusiasmo sus mamparas sobre el ambiente y los plásticos.

Conocían los conceptos de reducir, reusar y reciclar; hablaban con claridad y convicción, dueños del tema. Había autoridades, sociedad civil, docentes y padres: un ambiente esperanzador.

Pero después, al llegar la hora de refrescarnos, nos ofrecieron jugos en envases Tetra Pak y el almuerzo en plásticos desechables, empaquetados en enormes bolsas de plástico.

Sin estaciones de separación de basura ni alternativas para aprovechar los restos orgánicos. La coherencia entre el discurso y la práctica se diluyó en pocos minutos.

Esa escena me recordó otra dificultad: en las provincias más rurales, conseguir alternativas no es sencillo.

Desde nuestra organización de base comunitaria (OBC) hemos intentado suplir esa brecha: buscamos aliados en restaurantes y minisúper, probamos distintos insumos biodegradables y, cuando compramos al por mayor para una actividad, logramos negociar mejores precios y demostrar que no siempre son más caros.

Pero muchas veces nos responden que es “imposible”, que “cuesta demasiado” o que “no hay demanda”. Sin esa presión de consumo constante, los comercios no ven razones para cambiar.

Además, muchas actividades dependen de donaciones de negocios locales. Estos, con la mejor intención, suelen entregar agua embotellada en plástico u otros productos similares.

Y como dice el dicho, “a caballo regalado no se le mira el colmillo”. En lugar de conscientemente buscar alternativas a lo que genera un impacto negativo evitable —por ejemplo, pedir prestado un garrafón y servir agua o chicha en vasos compostables— se acepta lo que llega.

Así se olvida un principio poderoso dentro de las 9R de la economía circular: rechazar o rehusar.

En eventos y ferias oficiales, dar el paso de reemplazar plásticos innecesarios tendría un valor pedagógico enorme.

La ciencia del desarrollo humano lo confirma: los niños aprenden tanto de lo que se les dice como —y sobre todo— de lo que ven hacer a los adultos.

Si en esas mismas ferias se sirvieran comidas en platos compostables o bebidas en envases retornables –incluso en materiales de la naturaleza– el mensaje quedaría grabado con mucha más fuerza que el discurso.

Para convertir esta coherencia en práctica habitual, el rol del Estado es fundamental. Panamá ya dio un paso histórico con la aprobación de la Ley 187 de 2020, que regula la reducción y sustitución progresiva de plásticos de un solo uso.

Esta ley nos colocó entre los pioneros de América Latina en enfrentar la cultura del desecho. Es una legislación digna de aplaudir. Y no hay espacio más visible para vivir el ejemplo que en los eventos públicos organizados o patrocinados por el propio gobierno.

La influencia del Estado no solo está en legislar, sino también en lo que decide consumir y promover.

Cada contrato, cada feria, cada compra institucional puede enviar una señal al mercado de que Panamá se toma en serio la transición hacia alternativas sostenibles.

Lo que hoy parece un lujo, mañana puede normalizarse si hay una señal clara desde lo público.

Como recordó recientemente Juan Carlos Monterrey, Director de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, en las negociaciones del Tratado Global de Plásticos en Ginebra: “No podemos salir de esta crisis solo reciclando. No podemos trapear el piso mientras la tubería sigue rota”.

La frase resume el desafío con claridad: no basta con reciclar; hay que cerrar la llave del plástico de un solo uso en su origen, producción y procuración.

La batalla contra el plástico no se ganará únicamente con leyes ni con charlas escolares. Se ganará con políticas coherentes y ejemplos visibles.

Desde las comunidades hacemos lo que podemos, pero necesitamos modelar el cambio en todos los niveles de nuestra sociedad.

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