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Actualizado
- 10/08/2011 02:00
Creado
- 10/08/2011 02:00
PANAMÁ. El Consejo de Gabinete tiene a los grupos ambientalistas en estado de shock. La razón es el Decreto 155 que reglamenta la ley am...
PANAMÁ. El Consejo de Gabinete tiene a los grupos ambientalistas en estado de shock. La razón es el Decreto 155 que reglamenta la ley ambiental aprobada como producto del diálogo tras el rechazo a la trágica Ley 30, en el 2010.
Las nuevas reformas a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) han puesto de cabeza a los ecologistas.
Se encuentran en pie de guerra porque no se les tomó en cuenta para elaborar el decreto que, según ellos, desmejora la calidad de los EIA y, al mismo tiempo, limita las consultas ciudadanas.
Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), realizó un análisis donde detalla los términos que debilitan los EIA y señaló que el periodo para recibir los comentarios de la ciudadanía se reduce a 8 y 10 días.
El espacio de tiempo es muy limitado para recibir críticas sobre un determinado proyecto. ‘Pero, lo peor es que se censura el derecho de respuesta a la ciudadanía’. La norma elimina la obligación de la autoridad ambiental de responder a las críticas de la ciudadanía, advierte el análisis de Ábrego.
Como si fuera poco, la norma ‘hace opcional la consulta pública de un proyecto’, explicó Raisa Banfield, directora ejecutiva de la Asociación Panamá Sostenible.
‘Este Decreto convierte el proceso para los EIA en un trámite de horas’, afirmó Banfield.
CUESTIÓN DE TIEMPO
Los EIA Categoría II que hasta hace poco podían pasar hasta 35 días en evaluación en la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, con el decreto sorpresa solo necesitarán 20 días. ‘El tiempo se reduce a la mitad’, destaca Ábrego.
En los EIA Categoría III se necesitan 40 días. Dos semanas menos que antes de esta reglamentación.
‘Los estudios que se aprueban rápidamente y no tienen los controles adecuados no garantizan la protección del ambiente ni la salud’, considera la licenciada Ábrego.
Mientras, Banfield ve un poco más allá. ‘Eso sucede justo ahora cuando se avecinan grandes obras de infraestructura’.
La ambientalista añade: ‘El Decreto 155 que debió reglamentar la Ley 65, consensuada tras la Ley 30, contradice la propia legislación (Ley 65)’.
La Estrella intentó contactar a la ANAM, sin éxito, para conocer su versión sobre este tema.
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