Dietilenglicol: las huellas de dolor

Actualizado
  • 01/11/2022 00:00
Creado
  • 01/11/2022 00:00
Unos 133 niños fallecieron en Indonesia y otros 66 en Gambia por ingerir jarabe contaminado con la sustancia química. En Panamá se sigue luchando para que las víctimas obtengan atención integral
La negligencia y la falta de control de calidad de la compra estatal de glicerina de uso humano resultó en el envenenamiento masivo más grande registrado en el mundo.

Una vez más el dietilenglicol vuelve a ser noticia. Esta vez la sustancia química del orden tóxico cobró lo vida de unos 133 niños, en su mayoría menores de 5 años, en Indonesia, quienes presentaron fallos renales tras haber ingerido jarabes para el resfriado, que según una investigación de la Oficina para el Control de Drogas y Alimentos de Indonesia (BPOM, siglas en indonesio) contenían dos tipos de disolventes contaminantes, el etilenglicol (EG) y dietilenglicol (DEG).

Según reseñó la agencia EFE, al menos 241 niños sufrieron fallos renales en 22 provincias indonesias, de los que 133 murieron desde el pasado enero, aunque la mayoría ocurrió en los últimos tres meses. Un dato que ha puesto en alerta a las autoridades del país, ya que lo habitual es que se diagnostiquen uno o dos casos de fallos renales al mes entre niños.

De hecho, este país también anunció el plan de adquirir antídotos procedentes de Singapur y Australia para tratar a los niños que padecen fallo renal por la ingesta de los jarabes con el tóxico.

Penny Lukito, jefa de BPOM, afirmó a EFE que al emitirse la alerta se retiraron las licencias de fabricación de los jarabes para la tos y la fiebre a las empresas implicadas PT Yarindo Farmatama y PT Universal Pharmaceutical Industries, acusadas de manipular los ingredientes y otras irregularidades.

El ministro de Sanidad de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, habla sobre la muerte de niños por falla renal.

“Los disolventes EG y DEG son ingredientes de uso industrial para la fabricación de disolventes, tabaco, líquidos de frenos y lubricantes, entre otros productos”, dijo Lukito.

Otro caso similar surgió en Gambia, África occidental, donde murieron más de 60 menores. De acuerdo con investigaciones, la causa de las muertes en este país surge después de que estos menores tomaron una solución oral y tres jarabes para la tos y el resfriado contaminados con EG y DEG y que fueron fabricados por el laboratorio indio Maiden Pharmaceuticals, y la Organización Mundial de la Salud continúa la alerta en estos dos países y la investigación de los laboratorios implicados, puesto que el caso puede ir a los tribunales.

Hechos como este han indignado a la población mundial y, sobre todo a Panamá, que en octubre de 2006, hace 16 años, fue el centro de un envenenamiento masivo de pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), con un jarabe preparado con DEG, un refrigerante para uso industrial.

De acuerdo con el presidente del Comité de Víctimas y Familiares por el Envenenamiento Masivo, Gabriel Pascual, en el país hubo entre 600 y 800 muertes por el envenenamiento. Sin embargo, hay unas 1.400 víctimas certificadas. Algunas de ellas ya perecieron a través de los años y forman parte de las estadísticas fatales.

Según Pascual, más de 990 personas esperan ser certificadas y aunque la CSS les garantiza la atención integral especial con tan solo la sospecha de envenenamiento, mientras esperan por el proceso de certificación, a muchos se les imposibilita trabajar, contar con el acceso a medicamentos, atención integral o llevar una vida normal.

El Estado evade respuestas

De acuerdo con Pascual, el Estado sigue evadiendo la responsabilidad de dar respuesta y apoyo a muchos afectados que han quedado discapacitados de por vida.

“El Estado, a través del gobierno, en este caso el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Tiene que ayudar a las víctimas”, afirmó a EFE el líder del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida.

Pascual aseveró que “la certificación la emite en una primera instancia la fiscalía”, que investigó y determinó junto con Medicina Legal quiénes eran víctimas, “y luego le corresponde al Minsa entregarla”.

Una ley de 2015 sobre el criterio para certificar “es clara: no vemos cuál es la complicación”, agregó Pascual a EFE.

De acuerdo con la CSS, hasta la fecha solo siete pacientes han sido incluidos en el cobro de la pensión vitalicia, dentro de los 322 expedientes registrados.

Por su parte, Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo, destacó la importancia de la unificación nacional que se logrará con estos comicios para que el representante de las víctimas o afectados sea la voz que articule con los demás integrantes de la Comisión de Seguimiento adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) de manera directa a las diversas situaciones que se presenten.

De hecho, el pasado 21 de septiembre mediante elección se escogió al representante oficial de las víctimas o afectados debidamente certificados, y del 20 al 24 de junio próximo estas pueden verificarse en el padrón electoral, el cual estará disponible en la página web defensoria.gob.pa.

La resolución No DDPP-002-2022 del 26 de mayo de 2022, por la cual se aprueba el calendario y el reglamento a emplear en la elección de las víctimas por intoxicación masiva con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud, fue publicada en Gaceta Oficial No. 29557 del 15 de junio de 2022.

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