"El femicidio es un tema de poder"

1 7 de febrero, 2015. Aquella madrugada Dennis Augusto Caballero apuntó su arma de reglamento a la cabeza de Estefani Urriola, quien hasta ese entonces había sido su pareja. Ese día el amor murió con un disparo, a las 2:15 a.m. Minutos antes, los vecinos de El Ejido, en Chitré, habían visto a Dennis bajarse de un vehículo policial, vistiendo su uniforme. ‘Va a visitar a Estefani’, dijeron con un dejo de fastidio. Durante tres meses los habían visto salir juntos. Pero aquella noche Estefani saldría de su casa asistida por los paramédicos de la ambulancia que la condujeron al Hospital Collado de Chitré. Allí fallecería a causa de sus heridas.

Viernes 13 de marzo. Son pasadas las dos de la mañana. Un hombre se acerca caminando hasta una residencia. Sabe que adentro su mujer duerme sola. También sabe que con ella viven dos niños, pero eso no le impide verter gasolina y prenderle fuego a la casa. Las llamas iluminan la noche en Bejuco. Los infantes logran escapar por una ventana, más no su madre. Ella muere calcinada, tal como lo había prometido, en numerosas ocasiones, su agresor. En su cartera alguien encuentra una boleta de restricción. No fue suficiente para salvarla de su propia pareja. ‘Lo que pasa es que la boleta de protección es la que no proteje. Pero a algunas mujeres las puede salvar... ’, afirma Liriola Leotau, directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

El femicidio en Bejuco es el decimotercero en lo que va del año, de acuerdo con datos recogidas por el Observatorio Panameño de Violencia de Género. Las cifras que esta institución ha venido recogiendo desde su creación en el 2011 han venido fluctuando: 46 casos en el 2011, 53 en el 2012, y 35 en el 2014. Del pasado quinquenio el año más nefasto fue el 2010, con 72 casos registrados.

Las cifras no son exactas, ya que, como advierte la ex diputada Teresita Yániz de Arias, provienen de los informes que sobre el tema de la violencia contra la mujer aparecen en los medios de comunicación. Además, como señala Leotau, las estadísticas incluyen ‘tentativas de homicidios’, o sea aquellas casos en los que las mujeres logran sobrevivir después de ser agredidas. Aún así, hay un hecho alarmante: entre el 2009 y el 2014 se registraron 226 femicidios en todo el país. ‘En los últimos meses se ha dado un incremento en los casos de violencia contra la mujer. Es el peligro que corren las mujeres cuando le hacen saber a un hombre que no son una cosa, que no son parte de su propiedad’, manifiesta Yániz de Arias, una de las integrantes del Observatorio Panameño de Violencia de Género.

¿LEGISLACIÓN O REGLAMENTACIÓN?

Leotau, que recientemente participó en un taller organizado por el INAMU y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala que en lo que va del año se han registrado dos homicidios cuyas víctimas han sido mujeres, además de 13 femicidios, incluyendo los acaecidos en Chitré y Bejuco. La diferencia clave entre el femicidio y el homicidio convencional de una mujer radica en el móvil: en los primeros las mujeres mueren por diversas razones, mientras que las víctimas de los femicidios pierden la vida precisamente por su género. ‘La característica que separa al femicidio del homicidio radica en que las mujeres mueren solo por el hecho de ser mujer. La violencia que se ejerce contra ellas es una violencia de género’, destaca Yániz de Arias, esposa del desaparecido político Ricardo Arias Calderón.

La Ley número 84 del 24 de octubre de 2013 define al femicidio como el acto que causa ‘la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de discriminación o cualquier otra forma de violencia’.

La semana pasada en la Asamblea Legislativa se aprobó un proyecto para incrementar las penas en llos delitos relacionados con la violencia doméstica. El artículo 132-A establece que ‘quien cause la muerte a una mujer... será sancionado con pena de 25 hasta 30 años de prisión’.

Pero la ex diputada califica a este debate como ‘un esfuerzo en futilidad’. Plantea que las leyes ya existen, lo que hace falta es implementarlas. Más que aumentar las penas en unos cuantos años, Yániz de Arias asegura que lo se requiere es velar por el seguimiento de las más de 11 mil denuncias que se han interpuesto, de las cuales comenta que ‘solo mil llegaron a los tribunales, y una parte ínfima de esta gente ha recibido sanciones’.

Más que a una revisión de la normativa, Leotau, quien participó en la redacción de la Ley 82, urge a una revisión de los procedimientos porque ‘cuando un funcionario recibe una denuncia, después de las 4:00 p.m. y decide tramitirla para el día siguiente, ese mañana puede representar la muerte’. Otro punto en que hace hincapié la directora del INAMU es la necesidad de reglamentar la ley, ya que su existencia no ha impedido que las ‘mujeres continúen muriendo’.

LA VIDA COMO OPCIÓN

El descanso es escaso para Aracelly Judith Fernández. Cada día Aracelly se levanta de la cama a las 3:30 a.m. A su hogar, en Chapala, no retornará hasta las 11:30 p.m., luego de haber cumplido con sus compromisos en el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, donde labora como secretaria, y en la Universidad de Panamá, donde cursa el quinto año en la licenciatura de trabajo social.

En su casa la espera su hija de 11 años, que es cuadro de honor en la escuela. Desde que nació la salud de la pequeña se ha visto quebrantada por problemas respiratorios, por lo que ha requerido atención médica constante. La estancia prolongada en los hospitales avivaban los celos de su anterior pareja, que primero se manifestaron en forma de violencia verbal. La unión de 17 años comenzaba a tambalear.

Poco a poco, a los insultos le siguió el maltrato físico. Su matrimonio había devenido en infierno. No fue fácil escapar, dejar atrás el círculo vicioso en el que su pareja se disculpaba luego de cada maltrato, jurándole nunca más volver a incurrir en el abuso físico. Finalmente, reunió mucho valor, un poco de ropa y algunas otras pertenencias, y abandonó el hogar junto a su hija. Por ella dejó atrás la comodidad y la conveniencia. Solo le importaba que su niña creciera en un entorno donde lo único certero era el riesgo.

Al abandonar a su pareja, Aracelly -quien recientemente recibió un premio otorgado por la Fundación Soroptimista Internacional Panamá Pacífico a mujeres emprendedoras- reconoce que se salvó de que su caso tuviera un desenlace fatal, de ser otra víctima de la violencia de género que, según Leotau y Yániz de Arias, se ha incrementado a medida que la mujer ha redefinido su rol, adquiriendo más responsabilidades y derechos. La ex disputada plantea que esta violencia es una expresión de la amenaza que sienten algunos hombres frente a las libertades que han conquistado las mujeres a través de una mayor independencia económica.

Se trata, como sugiere Leotau, de instintos atávicos que siempre pueden resurgir en el hombre, a pesar de los avances realizados en materia de equidad de género. ‘El femicidio habla de la cuota de poder. De que un hombre sienta que tiene derecho sobre mi vida, porque fui o soy su compañera sentimental, así como la madre de sus hijos; por eso usted tiene derecho a matarme... es el caso de aquel hombre que te dice: o eres mía o no eres de nadie’. Es la última y más cruenta forma de posesión, la única que le queda al agresor después de que la mujer dice que ‘no’ y opta por la vida.

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Liriola Leotau

DIRECTOR DE INAMU

Teresita Yániz de Arias

EX DIPUTADA

Aracelly Fernández

GANADORA DEL PREMIO DEL CLUB SOROPTIMISTA

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PERFIL

UN INVITADO EN LAS AULAS DE MARCOS

Richard Morales es politólogo, magister en políticas públicas de la Universidad de Harvard, y licenciado en Ciencia Política y Economía Política de la Universidad de Tulane. Ha trabajado como organizador comunitario y educador popular en comunidades marginadas urbanas, indígenas y campesinas de Panamá.