A la calma vuelven los mares panameños

PANAMÁ. El presidente de la República, Martín Torrijos, firmó el pasado 16 de febrero, y luego de 6 meses de mantener las aguas panameñas agitadas, el Decreto Ejecutivo No. 7 de 2009, que crea, nuevamente, la zona de exclusión comprendida en el área del Pacífico panameño en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca del atún , según el decreto publicado por la Gaceta Oficial.

Con este decreto se deshace el entuerto que llevara a la sociedad civil a organizarse en una coalición de más de 40 organizaciones que le aclararon las dudas a la comisión de población, ambiente y desarrollo del pleno Legislativo y a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Según Jessica Young, directora de Incidencia Ambiental de la Fundación MarViva, “El presidente Torrijos tomó un paso más allá de lo exigido y mediante este decreto ejecutivo promueve la regulación de todas las artes de pesca en la zona”.

El decreto señala que “las zonas de protección marinocosteras y de manejo especiales del Pacífico panameño, son una garantía para las actividades de pesca artesanal, deportiva y comercial y por consiguiente para que las actividades como el turismo, alcancen un grado importante dentro de nuestra economía y sean sustentables”.

En opinión de la concejera para la UICN Mesoamérica y directora ejecutiva de la Fundación NATURA, “Existen evidencias y ejemplos mundiales de la desaparición de especies marinas debido a la sobrepesca y este decreto sirve para regular la pesca de atún en las costas de Panamá, sin disminuir el negocio de pesca de ninguna forma”. “La ley no pretende ir en contra de ningún negocio establecido, más bien procura el negocio a largo plazo de todos los interesados y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras que viven de la pesca artesanal”, señalo Luis López Alfaro, de la Asociación de pesca deportiva.

El científico Juan Matte del Instituto Smithsonian confirmó que “en Panamá escasean los datos que sirven de base para la investigación científica y la imposición de límites, cuotas y fechas de captura de diversas especies, lo que a su vez serviría para llevar a cabo una pesca responsable”.

El licenciado Lesli Marín de Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) indicó que “seguirán las acciones hasta que el decreto ejecutivo sea nuevamente una ley y que a partir del 2 de marzo pretenden empujar este anteproyecto de ley en las primeras sesiones del pleno Legislativo”.

Igualmente solicitarán al nuevo gobierno que instale una junta directiva con miembros independientes en la ARAP y que por fin nombren la comisión de pesca responsable.