Presionan a la Corte por la bahía

AUSTRALIA. Los grupos ecológicos no ceden un paso en su lucha para que la bahía de Panamá recupere la categoría de área protegida, que le fue suspendida el pasado 27 de abril del 2012 mediante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En un nuevo intento para que la alta magistratura del país le devuelva esta condición, la fundación MarViva interpuso un nuevo recurso legal.

Se trata de un ‘impulso procesal’. ‘Estamos presentando esta nueva acción legal considerando que la Corte se está tomando demasiado tiempo para fallar a favor del levantamiento de la suspensión temporal de la bahía’, explicó Zuleika Pinzón, directora ejecutiva de la Fundación MarViva.

La activista ecológica añadió que las implicaciones de un fallo tardío podrían ser muy graves. La bahía está siendo objeto de muchas presiones. En sus manglares y humedales hay la intención de construir proyectos inmobiliarios que ponen en riesgo a mucha gente y pueden impactar de forma negativa este ecosistema, explicó la jefa de MarViva Panamá.

Este no es el primer documento legal que llega al supremo tribunal de justicia solicitando la devolución de la categoría de reserva ecológica de la bahía. Se han interpuesto cinco demandas (MarViva, Audubon Panamá y Partido Revolucionario Democrático, entre ellas). En ellas se ha sustentado el derecho que le otorga la ley a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de crear reservas. Y es bajo el argumento de que esta entidad ‘no hizo consulta pública’ para crear la zona se retiró la protección al humedal de importancia internacional.

Las querellas judiciales se apoyan, además, en decisiones previas que ha tomado la Corte sobre protección de manglares para reclamar la devolución de la categoría de área protegida.

CAMINO AL DESARROLLO

Para los grupos ecológicos la suspensión temporal no ameritaba porque estas decisiones judiciales se toman cuando hay un peligro inminente sobre el que está demandando. ‘Pero este no es el caso de bahía, aquí no se ponía en riesgo la seguridad de nadie’, sentenció Pinzón.

La bahía de Panamá perdió su condición en abril. Casi un mes más tarde la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) presentó una resolución en la que bajaba considerablemente el monto del permiso de tala de mangle de $150 mil a $10 mil por hectárea. Las multas por tala ilegal de manglares también se redujo de $300 mil a $40 mil. La historia no termina aquí. Cuatro meses más tarde el Ministerio de Vivienda y la ANAM piden suspender la extensión del sitio Ramsar. Los activistas dedujeron que las acciones eran para propiciar el desarrollo dentro de la zona costera. Y no se callaron, lo denunciaron. Y libran su lucha apoyándose, en otras cosas, en las leyes que protegen este humedal del desarrollo inmobiliario. Entre ellas está el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano del Pacífico y el Atlántico’, la Resolución No 1 del 2008 de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), que establece el manejo de los humedales y áreas marino costeras. También citan el Decreto Ejecutivo No. 84 del 2007, que establece la política de recursos hídricos, para proteger la bahía de Panamá hasta tanto se logre un nuevo fallo en favor del área protegida.