El ‘derecho al olvido’ en internet

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estimó este martes que los usuarios de los motores de búsqueda, y en particular los de Google, pueden exigir que se supriman datos personales recopilados y conservados en sus servidores.

El fallo obligará a partir de ahora a Google, o a cualquier otro motor de búsqueda, a suprimir, a petición de un usuario y después de cierto tiempo, cualquier información privada que le concierna.

LA corte estimó que cualquier persona tiene ‘derecho a ser olvidada’ en internet bajo ciertas condiciones, en particular cuando estos datos se consideren ‘inadecuados, no pertinentes, o ya no pertinentes desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido’.

Los motores de búsqueda permiten obtener, a través de la ‘extracción, registro y organización de los datos una visión estructurada de la información relativa’ a una persona que haya sido publicada en internet, señala la corte. ‘Esa información afecta potencialmente a una multitud de aspectos de la vida privada’ a la luz de la Directiva europea sobre la protección de datos de 1995.

‘El efecto de esta injerencia en los derechos de la persona se multiplica’ por el papel que ocupa internet en la vida de hoy, añade el tribunal.

Por ello los usuarios tienen derecho bajo ciertas condiciones a que las informaciones que los conciernen no aparezcan vinculadas a su nombre.

‘Los enlaces a páginas web que contienen esa información deben suprimirse de esa lista de resultados, a menos que existan razones particulares -como el papel desempeñado por esa persona en la vida pública- que justifiquen que prevalezca el interés del público en tener acceso a esa información’, sostiene el tribunal.

Su origine fue un caso de una demanda presentada por un ciudadano español, que reclamaba la supresión de los resultados y los enlaces de Google donde su nombre aparecía asociado a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo en 1998.

Todo comenzó cuando el español presentó una denuncia en 2010 ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el periódico La Vanguardia y contra Google.

El demandante solicitaba a La Vanguardia que eliminara o modificara dos páginas internet del periódico en las se anunciaba la subasta de 1998, y a Google ‘que eliminara u ocultara sus datos personales’, explica el tribunal.

La solicitud llegó a la Corte Europea a través de la corte de apelaciones de España, que recibió 200 quejas por ese motivo.