Ejecutivo negocia con los puertos

PANAMÁ. El proyecto de ley que prescribe la equiparación de los contratos de concesión que celebró el gobierno, ha sido puesto en lista de espera.

El proyecto fue presentado a la Asamblea Nacional de Diputados el pasado 6 de julio y luego de su aprobación en primer debate por la comisión de Hacienda, fue enviado al Pleno para recibir el segundo debate.

Pero, aún esto no ha ocurrido y la razón, es que el gobierno optó por sentarse a negociar con los operadores portuarios.

El presidente de la Comisión de Hacienda, José Blandón, dijo que “estas negociaciones podrían significar la introducción de reformas al proyecto original”.

De acuerdo con las autoridades, la equiparación le había ocasionado perjuicios económicos al Estado.

Y las cifras respaldaban estos señalamientos. En el 2008, los puertos de Balboa y Cristóbal pagaron en impuestos 8 millones de dólares, MIT 11.5 millones de dólares y CCT 4 millones de dólares, como resultado de las equiparaciones.

Pero sólo Panamá Ports en su contrato original con el Estado, se comprometía a un pago anual de 22 millones de dólares.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y los operadores portuarios se llevan adelante con la más absoluta confidencialidad.

Blandón espera que estas conversaciones concluyan pronto y que dentro de unas dos semanas el tema pueda retornar a la Asamblea Nacional.

Los operadores portuarios rechazaron desde el primer momento la propuesta del Ejecutivo. Carlos Urriola, gerente general de MIT, dijo ante los miembros de la Comisión de Hacienda que la ley le resta competitividad a los puertos panameños y recordó que antes que se dieran concesiones, en los puertos sólo desembarcaban unos 100 mil contenedores al año. Hoy, la cifra supera los 4 millones.

Los puertos fueron excluidos del proyecto de reformas fiscales que empezó a discutirse esta semana en la Asamblea, pero si se incluyó a las salas de juegos y los casinos que pagarían un impuesto del 25% y 18%, respectivamente, que también figuran en la lista de entidades favorecidas con equiparaciones. La administración Martinelli busca, con la nueva legislación, que las empresas vuelvan a sus contratos originales y paguen al fisco lo que en éstos se estableció.