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29 de Mar de 2020

Economía

Burocracia desacelera desembolsos agrícolas

PANAMÁ. A pesar de que uno de los objetivos de la Ley 25 del 4 de junio de 2001 o Ley de Transformación Agropecuaria es propiciar el cre...

PANAMÁ. A pesar de que uno de los objetivos de la Ley 25 del 4 de junio de 2001 o Ley de Transformación Agropecuaria es propiciar el crecimiento sostenido de las actividades agropecuarias del país, algunos productores sostienen que la burocracia está haciendo poco rentable la actividad.

La Ley 25 cuenta con un fondo especial para la Transformación Agropecuaria, cuyos recursos están dirigidos exclusivamente a conceder préstamos blandos y asistencia financiera directa a productores agropecuarios, así como a trabajadores rurales y agroindustriales de pequeña escala.

Este fondo se alimenta de los presupuestos que se asignen para las actividades agropecuarias contempladas en la ley, de las donaciones, de la recuperación de préstamos otorgados a través del fondo y de los recursos derivados del financiamiento interno o externo logrado para los propósitos que persigue esta Ley.

El arrocero Alfredo Bethancourt, quien se ha beneficiado de la ley, señaló que acceder a este beneficio es muy difícil, ya que la burocracia está frenando ese retroactivo.

‘En mi caso personal, esperé casi un año para recibir el cheque, pues el trámite es engorroso’, confesó.

La productora de piña para la exportación Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá, es otra de las beneficiadas con la Ley, pero quien no ha recibido el desembolso de su proyecto desde hace 18 años; es decir, hace nueve años cuando se creó la ley.

En su momento, Pinzón acusó a la hoy separada directora de la Oficina para la Transformación Agropecuaria y Programa de Competitividad, Seferina Melgar, por actos de corrupción, pues se acogía a diversos procesos burocráticos para no concederle la aprobación.

Pinzón, al igual que otros ocho productores de piña de la región oeste de la ciudad de Panamá, recibirán aproximadamente 18 mil dólares cada uno por parte de la Comisión de Transformación Agropecuaria, los cuales totalizan 144 mil dólares.

Los puntos de vista de Bethancourt y de Pinzón fueron contrarrestados por Euclides Díaz, miembro activo de la Comisión de Transformación Agropecuaria, debido a que la Ley 25 es un programa que beneficia posterior a la inversión realizada por el productor.

Díaz explicó que los productores deben planificar y entender el funcionamiento del mismo, ya que deberán hacer primero una inversión, para luego presentar un proyecto con todos sus gastos e inversiones realizadas.

Este proyecto —aclaró— debe contar con información verdadera, ya que la misma será cotejada con facturas, las planillas, pues será de estos gastos que se calculará el beneficio.

‘Por unos pagan todos’, comentó Díaz, quien señaló además que hay productores que presentan facturas que aplican en otros programas gubernamentales, y por ese tipo de gente se crean estos controles burocráticos.