$4,242 millones sin control previo

PANAMÁ. Para el próximo año, 4,242 millones de dólares del presupuesto estatal quedarán fuera del ‘control previo’.

Se trata de la suma de los presupuestos de funcionamiento e inversiones destinados para el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación, el Programa de Desarrollo Social ejecutado a través de municipios y juntas comunales, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), el Ministerio de Salud, la Caja de Ahorros, los Bingos Nacionales y el Ministerio de Obras Públicas (ver tabla).

A todas estas instituciones, entre marzo y octubre del presente año se les exceptuó del mecanismo de fiscalización previo a través de resoluciones firmadas por la Contralora General, Gioconda De Bianchini.

LA PLANILLA EN RIESGO

Las implicaciones de eliminar el mecanismo en algunas instituciones puede impactar incluso a los funcionarios que se contrata dentro de las propias instituciones.

Según las declaraciones ofrecidas ayer por el ex contralor José Chen Barría en una entrevista televisiva en Telemetro, el control previo ejerce una función dentro de los nombramientos en planilla. ‘Una de las cosas que se ejerce con el control previo es que no se pueda nombrar a una persona que haya cometido delitos contra la fe pública y que los tribunales hayan puesto impedimento para ejercer cargos públicos’.

Chen Barría amplió la explicación a La Estrella y enumeró otras de las funciones del control previo, por ejemplo, garantizar que el gasto público se realice de forma correcta y transparente, que no existan gastos o partidas fuera del presupuesto, además del cumplimiento de las leyes de contrataciones públicas.

¿VENTANA A LA CORRUPCIÓN?

Para el analista económico Horacio Estribí, el hecho de que la tercera parte del presupuesto total del Estado para el 2011 quede exento del control previo genera ‘inquietud’ porque deja a discrecionalidad los gastos y contrataciones aunque haya buenas intenciones detrás de la medida.

Además del manejo de fondos, Estribí comenta que la medida puede aumentar el índice de corrupción porque no hay, a su juicio, una justificación clara para ordenar las resoluciones que exceptúan el control previo.

‘Se pierde el sentido de la Ley 22 de contrataciones públicas, porque habrá instituciones que podrán pasar a contrataciones directas, es una forma de evadir dicha ley, independientemente de la buena fe de la intención’, manifestó el analista.

A pesar de que especialistas han hecho el llamado en los posibles riesgos de eliminar ese procedimiento, el mismo Presidente de la República, Ricardo Martinelli ha defendido la medida adoptada por la contralora desde que asumió su cargo en enero de este año.

De acuerdo con una entrevista con la contralora De Bianchini publicada en este diario el 4 de enero de 2010, la disminución del control previo dentro de las instituciones trataría de un proceso que dependía de las mejoras que se realizaran en los departamentos de auditoría interna de las entidades; sin embargo, ya para el 5 de marzo, tras dos meses de gestión, Bianchini firmaba la primera resolución exceptuando del control previo al Tribunal Electoral y otras ocho instituciones.