Guerra contra los paraísos

MADRID. ‘Voy a ser implacable en contra de la mentira, en contra del engaño, en contra de las malas prácticas de evasión fiscal, la lucha contra el fraude fiscal y el final de los paraísos fiscales será mi tributo para dar servicio a mi país Francia y para dar ejemplo al resto de los países de la Unión Europea’. Así de contundente se mostró el pasado 10 de abril el presidente francés, François Hollande, en su intervención extraordinaria en el Palacio del Eliseo de París, la sede de la Presidencia francesa.

‘Quiero erradicar las malas prácticas en los paraísos fiscales en Europa y en el resto del mundo’, sentenció Hollande, que el próximo 15 de mayo cumplirá un año en la Presidencia del país. Hollande quiere forzar a la Unión Europa a sumarse a lucha contra los paraísos fiscales.

En plena crisis económica, cuando los países están más necesitados de liquidez interna, no dejan de destaparse los casos de ciudadanos europeos y cargos políticos con cuentas en estos países, como Suiza, Luxemburgo o Panamá e incluso Chipre, cuyos bancos han llegado a amasar más dinero en depósitos que el PIB del país. Entre estos ciudadanos se encuentran el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, el exministro de Presupuestos francés, Jerome Cahuzac, quien derivó 600,000 euros (unos $781,830) a una cuenta a su nombre en un banco suizo.

En Francia, también ha sido polémico el caso del tesorero de la campaña del presidente de honor del partido de ultraderecha Frente Nacional (FN), Jean Marie Le Pen, quien abrió una cuenta en Suiza en 1981 y habría utilizado los servicios de varias sociedades en paraísos fiscales como Gibraltar y Panamá.

El presidente francés no sólo tiene intención de aprobar una ley que obligará a los bancos franceses a que hagan pública las cuentas de cargos electos y ciudadanos que tengan una cuenta en paraísos fiscales sino que Hollande está convencido de que ‘ha llegado el momento’ de que esa regla se aplique también en Europa para acabar con el secreto bancario y la fuga de capitales.

Hollande ha sido rotundo sobre esto: ‘Quiero que eso se aplique también en la Unión Europea y que se extienda a las grandes empresas’. De este modo, París impulsará en la Unión Europea la extensión de los intercambios automáticos de información bancaria y, según la advertencia de Hollande, todo país que se resista al cambio ‘será considerado por Francia como un paraíso fiscal’. Luxemburgo, de hecho, ya ha reiterado que renunciará al secreto bancario, aunque lo hará a partir de enero de 2015.

Hollande insistió en que ‘los paraísos fiscales deben ser erradicados en Europa y en el mundo porque es la condición para preservar el empleo’ y avanzó que Francia publicará una lista propia de paraísos fiscales.

UN BILLÓN DE EUROS

Se calcula que el fraude fiscal le cuesta al conjunto de la UE un billón de euros al año, lo que representa un 1% del PIB. Esta cifra supera al presupuesto europeo para los próximos siete años y es equivalente al PIB de España.

La Comisión Europea ha abogado por hacer todo lo posible por frenar este fenómeno: ‘No debemos tener ninguna complacencia con los que defraudan impuestos. La Comisión reprueba totalmente las prácticas de evasión fiscal, ya sean practicadas por individuos, empresas o países’, declaró la semana pasada Olivier Bailly, uno de sus portavoces.

La Comisión lleva tiempo pidiendo a los Estados miembros que eviten la existencia de agujeros fiscales dentro de la legalidad, de manera que no se les dé oxígeno a los defraudadores.

El ejecutivo comunitario no quiere una definición común de lo que es un paraíso fiscal, sino de las prácticas que se consideran como fraudulentas o indeseables, con la que sentar una referencia para hacer una ‘lista negra’.

Todo esto no llega por vez primera al seno de la UE. Ya el pasado 6 de diciembre el comisario Algirdas Semeta, responsable de fiscalidad, presentó un plan contra el fraude fiscal, y la primera recomendación que preveía era la adopción en la UE (más allá de las medidas internacionales actuales) de una ‘posición de fuerza contra los paraísos fiscales’.

Para lograrlo, el plan pretende utilizar criterios comunes, por lo que se invita a los Estados miembros a ‘identificar esos paraísos y a introducirlos en unas listas negras nacionales’. La recomendación incluyó medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la Unión Europea de la necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la UE.

Aun sí, en noviembre del 2011, en una cumbre del G20 se hizo pública una lista de los países considerados paraísos fiscales por este club. Aunque la lista fue irrisoria (no estaban ni Luxemburgo, ni Malta, ni el recién quebrado Chipre, ni Gibraltar, ni las Antillas Holandesas, ni las islas Caimán o las Bermudas…), se encontraban en ella Liechtenstein y Suiza, dentro de los países europeos, y también Uruguay y Panamá.

PANAMÁ

En cuanto a Panamá, el informe del departamento de Estado de EEUU de 2012 ya denunció que su ‘estratégica situación geográfica y su estatus como centro financiero regional hace del país una jurisdicción atractiva para el lavado de dinero’. El informe asegura que el lavado de dinero está principalmente relacionado con los fondos procedentes del tráfico de drogas ‘y el país está situado entre las mayores rutas de narcotráfico’. ‘El trabajo de lavado de dinero en Panamá está facilitado por la debilidad en el marco legal regulatorio aunque más importante son las escasas medidas y el débil sistema judicial, susceptible de corrupción y favoritismo’.

Aún así, el informe asegura que el Gobierno de Panamá ‘coopera bien’ con Estados Unidos y afirma que el Istmo ha hecho ‘notables progresos’. Estos esfuerzos son reflejados por el Instituto de Basilea en su índice de riesgo de lavado de dinero por país.

Según esta institución, de los 144 países estudiados, los 10 mejores son Noruega, Estonia, Eslovenia, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Lituania, Chile, Sudáfrica y Francia. Con excelentes resultados se encuentran también España (ocupa el lugar 104), Estados Unidos (98) o Italia (90).

Panamá está en el puesto 60, cerca de Alemania (69), paradójicamente el país peor situado de la Unión Europea. Entre los países con peor resultado se encuentran: Irán, Kenia, Camboya, Haití o la ex república soviética Tayikistán.

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