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21 de Jan de 2020

Economía

Cuestionan ley que reinstaura la DGI

Empresas privadas podrían seguir cobrando comisiones por la recaudación de cuentas morosas

El fisco y la Constitución son una pareja que no debería estar en conflicto, pero lo está.

El proyecto para revivir la Dirección General de Ingresos (DGI), presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), deja abierto el compás para que la cobranza de las cuentas morosas siga en manos de empresas privadas.

El negocio de Cobranzas del Istmo S.A., la única facultada mediante contrato con el Estado panameño para cobrar impuestos morosos, podría simplemente pasar a otras manos, o incluso renovarse en otros términos.

La propuesta que llevó al pleno legislativo Dulcidio De la Guardia, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permite a la empresa cobrar comisiones por impuestos recaudados con más de 18 meses de morosidad.

El contrato actual con Cobranzas del Istmo, firmado por Luis Cucalón (entonces director general de ingresos y actual administrador de la ANIP) y Magaly Ramos como presidenta de la compañía, facultaba a la empresa a cobrar impuestos con un mínimo de 12 meses de morosidad. Esta pequeña diferencia no cambia el hecho de que se mantiene abierta la posibilidad para que un tercero externo cobre comisiones por la recaudación de tributos a los contribuyentes panameños.

CONTRADICCIÓN

‘Esto es totalmente contrario a la Constitución, y lo que es más grave, contrario al fallo de la Corte Suprema de Justicia’, manifestó el abogado y constitucionalista Miguel Antonio Bernal. ‘El Estado no puede delegar en ninguna empresa privada el cobro de los impuestos, porque eso es una potestad exclusiva e intransferible del Estado’, enfatizó.

Precisamente fue una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Bernal la que actuó como catalizador para que la Corte Suprema fallara en contra de la ANIP. El abogado ahora califica la propuesta hecha por De la Guardia como una ‘reedición’ de la legislación vigente, que falla en cumplir con garantizar la autonomía absoluta del Estado panameño en materia tributaria.

‘Es la misma jeringa con otro pitongo’, puntualizó Bernal, quien advirtió que mantener el cobro en manos de terceros puede facilitar el tráfico de influencias, ausencia de transparencia y el negociado.

Otros expertos del sector, como el abogado tributarista y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Javier Rivera, y el abogado Adolfo Linares han hecho énfasis en la necesidad de revisar el contrato actual y respetar el rol del Estado como agente recaudador y gestor de las políticas tributarias en el país. Consideran positivo el regreso de la DGI, pero se mantienen críticos sobre el cobro de las cuentas morosas.

Cucalón, por su parte, defiende la gestión de la ANIP. ‘Los cobros estaban por el piso. La idea de crear la ANIP era sacar el cobro de los impuestos del ámbito político’, señaló. Sin embargo, precisó que la decisión de traer de vuelta a la DGI ‘corresponde al Órgano Ejecutivo’ y recordó que a su llegada al puesto había cuentas morosas de más de dos años.