Por una legitimación de la política de Panamá

Panamá vive, desde hace años, una dolorosa decadencia que arrasa con proyectos y esperanzas. Es imperioso que la política recobre su valor transformador para reparar las heridas que nos ha dejado un modelo inequitativo. Tal tarea corresponde conjuntamente a todos los partidos y fuerzas sociales.

Nuestro país vivió épocas en las que crecimiento, trabajo y bienestar formaban parte de un mismo proceso. Épocas en las que los hombres y mujeres que habitaban esta tierra querían incorporarse a ese proceso que tendía a integrar, atenuar diferencias y generar proyectos. Fueron épocas en las que la experiencia política se desarrollaba naturalmente en el trabajo, el barrio, el colegio y los partidos. Existían valores compartidos, movilidad social y expectativas. La extensión y profundización de la ciudadanía y la participación democrática creciente fueron reforzadas por políticas de Estado que priorizaron la educación y la salud pública. La vida social era rica en posibilidades y proyectos.

Panamá fue una sociedad en la cual era posible compartir valores en la diferencia. Fue una sociedad plural y en movimiento, donde las expectativas eran posibles de pensar justamente porque eran realizables, donde todos sus miembros podían tener proyectos de vida.

Una sociedad que no estaba rota por desigualdades profundas y en muchos casos irreversibles como ocurre hoy.

¿Qué nos pasó a los panameños? Creo que confluyeron muchos factores, algunos internos y otros externos. Pero estoy absolutamente convencido de que fue el golpe militar de 1968 el que de algún modo nos quebró el pescuezo de tal forma que todavía no podemos recuperarnos. El golpe rompió una tradición democrática demasiado joven aún y esta ruptura de la continuidad institucional tuvo consecuencias de largo alcance en todos los ámbitos de nuestra sociedad: en la forma autoritaria de ejercer la administración de la cosa pública desde el Poder Ejecutivo, en la inestabilidad de los poderes legislativo y judicial, en la ruptura de las prácticas democráticas electorales pero también en la vida cotidiana, en el trabajo, la escuela, las relaciones personales.

Sin temor a equivocarme, esa ruptura fue como el disparador de una lenta explosión de desgracias que hundieron a nuestro país.

Este daño permanente de nuestras instituciones fue mortífero para la salud del cuerpo social porque no hay nada más letal para una sociedad que la percepción de que no hay norma o ley garantizada, de no poder confiar en ninguna institución porque cualquiera puede ser disuelta, cerrada o manipulada a voluntad del más fuerte. Igualmente, durante esta época se debilitó las bases de nuestra estructura productiva y se abusaron de las reglas básicas del mercado de producir según los intereses de quienes gobernaban y no de acuerdo a nuestras ventajas competitivas.

Claro que hace tiempo que estamos en decadencia. La concentración de la riqueza es mucho mayor hoy que hace cuarenta años; el dominio colectivo que teníamos del idioma inglés era timbre de orgullo y nos hacía sentir más norteamericanos que centroamericanos; las altas tasas de alfabetización han sido reemplazadas paulatinamente por cantidades crecientes de niños y jóvenes ninis y semianalfabetos; los niveles de desnutrición infantil no disminuyen por causas absolutamente prevenibles; nuestras universidades están deterioradas y somos últimos en el ranking hemisférico; no invertimos suficiente en investigación ni desarrollo; la actividad productiva a pequeña y gran escala es reemplazada por la especulación improductiva; y la agricultura está duramente golpeada debido a las crueles políticas de importación.

¿Quiénes son ahora los responsables de todo esto? En épocas de crisis adquieren más fuerza las voces que responsabilizan a la política y a los partidos políticos de todos los males económicos, culturales, fiscales, financieros, y por supuesto políticos que viven en nuestra sociedad. Yo me pregunto: de todos los actores sociales que intervienen en el proceso de decisiones de un país, ¿quiénes son los que dependen de la opinión y elección de la ciudadanía para poder formular propuestas y llevarlas adelante? ¿Son los comerciantes, los banqueros, los inversionistas extranjeros? No, son los partidos políticos. Todos hacen política, sin excepción, pero sólo los partidos políticos lo plantean de la manera más clara posible para que la ciudadanía pueda elegir libremente y retirar su apoyo cuando lo crea necesario.

Es por lo tanto imprescindible legitimar democráticamente a la política. Pero para eso debemos llamar a las cosas por su nombre. Si queremos que el crecimiento económico revierta en beneficios para todos o que política sirva para apuntalar el cambio y el progreso, el accionar político debe servir para fortalecer la institucionalidad. Es hora que la política sirva para estimular a la acción, no a la inacción y el escepticismo. Por eso, necesitamos el país necesita de una estrategia sólida en la que todos podamos participar y poner nuestro grano de arena para reconstruir el país y volver a tener una patria de la que todos estemos orgullosos. No cabe duda de que así la balanza se inclinará a favor de la ciudadanía y del bien común.