¿Le pondrán el cascabel al gato?

En estas últimas semanas se ha dado, después de 15 años, el primer intento serio de reglamentar por medio de una legislación, la operación y ubicación de las máquinas tragamonedas tipo C. Las mal llamadas ‘casinos' de los barrios pobres.

En 1998 la Ley N° 2 en su artículo 32, declaraba ilegal cualquier operación de estas máquinas después del 21 de enero de 2002. Sorpresivamente, el 27 de junio de 2000 durante la presidencia de Enrique Garrido en la Asamblea, con la complicidad de Víctor Juliao como ministro de Economía y Finanzas; la presidenta Mireya Moscoso sancionó la derogación de dicho artículo, trayendo nuevamente a la vida dichas máquinas, sin tener el cuidado de hacer una ley que las regulara. Desde esa fecha, las máquinas tragamonedas tipo C, cuya presencia afecta a las clases más necesitadas, operan al capricho de quienes han dirigido el pleno y la Secretaría de la Junta de Control de Juegos (JCJ).

Después de muchos años de lucha de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), se logró durante la gestión de Raúl Cortizo al frente de la JCJ, que mediante una reglamentación, se redujera la cantidad de máquinas que se podían operar en un local a no más de 15. Esto ayudó a que estas concesiones, fueran básicamente un ‘pequeño negocio familiar', lo que permitió que el número de máquinas en operación en todo el país, se mantuviera por debajo de 4,000.

Como secretaria de la JCJ, Giselle Brea, bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli, la cosa súbitamente cambio, en el 2012 con la excusa de que se regularían y reducirían las concesiones, se obligo a la mayoría de los pequeños operadores a vender su concesión, a los que no lo hicieron, se les cancelo. Luego de esta ‘reducción' aparecieron ‘nuevos dueños' a quienes se les concesionó cientos de maquinas. Adicional estas nuevas autorizaciones les permitían operar hasta 75 máquinas por sala.

Cuando dejó el puesto, Brea había autorizado más de 8,000 máquinas. Todavía hoy, la mayoría operan con testaferros y no cumplen con la reciente aprobada Ley N° 23 de Prevención del Blanqueo de Capitales, porque ni en los pactos sociales, ni en el registro de la JCJ, aparecen los verdaderos dueños.

Pienso que el proyecto de ley 71 presentado por los diputados Iván Picota y Juan Carlos Arango tiene el toral respaldo de la Comisión de Hacienda.

La Asaja ha presentado a la consideración de los comisionados, varias modificaciones que lo mejoran. La iniciativa ha recibido el beneplácito de todos los diputados miembros de la comisión y de los presentes en las dos reuniones de trabajo que a la fecha se han dado. Han participado en éstas, representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Contraloría General de la República, Ministerio de Salud, Instituto de Salud Mental, Asociación de Municipios de Panamá y el gremio que dirijo.

Se espera que en la próxima y última reunión, se dé en octubre y se apruebe el documento para ser enviado al Pleno para su segundo debate.

¡Tenemos fe de que esta vez, si se le pondrá el cascabel al gato!

PRESIDENTE DE LA ASAJA