Asamblea Nacional otorga más herramientas legales a la ASEP

En respuesta al deficiente servicio eléctrico que por años han vivido los panameños, producto de  fluctuaciones de voltajes, bajas de corrientes y apagones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que dota de mayores controles de efectividad a la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) frente a los recursos de dilatación interpuestos por las  empresas de distribución eléctrica.

Con la iniciativa presentada por la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego Smith, junto a su colega diputado Quibian Panay, la ASEP tendrá más herramientas legales  para enfrentar el mal servicio que brindan permanentemente las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

La normativa busca imponer sanciones a las empresas eléctricas, que utilizan acciones legales para desconocer los derechos de los usuarios cuando tienen pérdidas de equipos electrónicos por los apagones.

Según la diputada Ábrego Smith, las empresas distribuidoras de energía tienen más  de 40 millones de dólares en sanciones aplicadas por ASEP; sin embargo, siempre  sale al paso con recursos legales para dilatar los procesos y evitar resarcir las pérdidas a  los usuarios ocasionadas por el  al mal servicio.

“En el pasado logramos aprobar una ley que ayudó a la ASEP poder ganar algunos fallos que le aplicaron a las empresas, pero lastimosamente no pudimos poner todas las herramientas necesarias”, indicó la jefa del Legislativo. “Pagamos una energía costosa y recibimos un mal servicio, pero si la ASEP necesita más herramientas para hacer cumplir y fiscalizar que lo diga” agregó Ábrego.

Manifestó su malestar ante la ASEP, porque no existen suficientes lugares para presentar los reclamos por los daños y altos costos de suministro de energía eléctrica, debido a que solo existen oficinas de pagos.

Ábrego Smith enfatizó que la ley busca brindarle las herramientas a la ASEP para que sea más enérgica, efectiva y expedita a la hora de imponer sanciones a las empresas distribuidoras eléctricas.

De acuerdo con la norma, si el prestador del servicio público interpone una demanda de ilegalidad en un proceso administrativo adelantado por la ASEP, que tenga por objeto el resarcir al cliente y esta no sea admitida o el fallo de fondo sea adverso, el prestador del servicio deberá pagar sumas que resulten del proceso principal afectado por las advertencias presentadas, más los intereses causados por el tiempo que duró el proceso.