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11 de Aug de 2020

Economía

El Gobierno argentino muestra su "preocupación" por la ley minera de Mendoza

egún recogió el texto, dicha ley otorgará "un piso mínimo de protección" y respetará "el dominio originario de los recursos naturales" de Mendoza

Manifestantes
Manifestantes enfrentándose con integrantes de la policía durante una protesta en contra de la reforma de una ley provincial que habilita el uso de sustancias químicas en la minería.EFE

El Gobierno argentino expresó este martes su "preocupación" por la reforma de una ley de la provincia de Mendoza (oeste) que habilita el uso de sustancias químicas en la minería, una nueva normativa que motivó este lunes el estallido de disturbios violentos frente a la Casa de Gobierno provincial.

En un comunicado, el titular de Ambiente, Juan Cabandié, manifestó su "preocupación por los hechos acaecidos en la provincia de Mendoza" y subrayó que su ministerio "evaluó una serie de medidas en el marco de sus competencias", puesto que la autoridad en materia de explotación minera es "exclusivamente provincial".

En ese sentido, el ministro pidió a las áreas correspondientes que analicen una "ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera", con el objetivo de que sirva como un "instrumento de gestión ambiental".

Según recogió el texto, dicha ley otorgará "un piso mínimo de protección" y respetará "el dominio originario de los recursos naturales" de Mendoza, en cumplimiento del artículo 124 de la Constitución argentina.

Estas declaraciones se producen después de que este lunes una multitudinaria marcha se congregara frente a la Casa de Gobierno de Mendoza para protestar por la reforma legislativa, durante la cual hubo incidentes violentos que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos.

La multitud protestó en contra de la modificación de la ley 7.722, aprobada este viernes, que permite la utilización de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico que previamente estaban prohibidas.

La organización ambientalista Greenpeace consideró que la nueva legislación "atenta contra la protección de los recusos hídricos de la provincia" y "generará la contaminación del agua de la provincia".

Según la organización, la modificación a la normativa provincial representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la ley general de ambiente.

Por su parte, el Gobierno de la provincia de Mendoza emitió este lunes un comunicado en el que subraya que "las modificaciones a la 7.722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente".

Mendoza está ubicada en el oeste de Argentina, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires y cerca de la frontera con Chile, y es famosa por la calidad de sus bodegas y sus productos agrícolas.

La región se encuentra desde hace varios años en emergencia hídrica, por lo que los ambientalistas expresaron su preocupación ante el uso intensivo del agua que demandará la actividad minera.