Incorporan nuevas concesiones mineras entre Coclé y Colón; ambientalistas están en alerta

El Ministerio de Comercio e Industrias incorporó al régimen de concesiones mineras dos zonas que eran áreas de reserva, en su premura por generar nuevas fuentes de ingresos para el país, lo que ha despertado las alertas de los ambientalistas.

Las nuevas concesiones mineras que ha encendido las alarmas de los ecologistas se trata de una zona de 24,954.82 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Coclé del Norte y San José del General, distrito de Donoso, provincia de Colón y en los corregimientos de El Harino, Piedras Gordas y Llano Grande, distrito de La Pintada.

Mientras que la otra corresponde a 644.9 hectáreas, ubicadas en San José del General, distrito de Omar Torrijos y Donoso, provincias de Coclé y Colón.

Las concesiones mineras quedaron establecidas en dos resoluciones, la No.89 de 12 del mayo de 2021 y la No. 90 del 12 de mayo de 2021, ambas emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias y publicadas en la Gaceta Oficial Digital.

Un grupo de ambientalistas han expresado su repudio y  este lunes 17 de mayo se manifestaron en contra de estas nuevas concesiones mineras frente a las instalaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), en Coclé.

“Por la vida, no a la minería”; “los recursos naturales no regresan y los minerales se acaban, así como el dinero. ¡No a la minería!”; “¡La minería sí es una amenaza ambienta! se leía en las pancartas que mostraron los manifestantes en rechazo a las nuevas concesiones mineras aprobadas.

Lo que pasa, señaló el abogado ambientalista Harley Mitchell, es que "de estas concesiones se sabe muy poco"; pero "este tipo de emprendimiento se está haciendo de forma muy similar a como se hacían en los años 60 o 90".

"Hay muy poca participación ciudadana, a pesar de todos los avances que han existido en cuanto a normas de transparencia, de consulta, cada vez que se van a hacer infraestructura pública”, manifestó Mitchell en declaraciones a TVN.

El abogado ambientalista afirmó que si bien es cierto “los recursos minerales son del Estado, por lo tanto, todos estos temas de minería deberían ser ampliamente públicos y consultados con la ciudadanía".

Y esto "no solamente para satisfacer a los ecologistas sino para poder conocer en qué aspectos realmente esta economía puede compararse con lo mucho que destruye”, recalcó Mitchell.

En este contexto, destacó que “hace unas dos semana se anunció un diálogo minero exclusivo, con invitación a las personas selectas que pudieran dialogar con otro tipo de actores, pero paralelamente, como ya ahora está evidenciado, se planificaba resolver o publicar la resolución del contrato de Petaquilla Gold, y colocar 644 hectáreas de nuevo en las posibilidades mineras;... de la misma forma que las 25 mil, todas libres para el registro minero”.

En su opinión antes de haber aprobado la concesión minera se debieron hacer las consultas con las comunidades que se podrían ver impactadas, porque “se está estableciendo una infraestructura de alto nivel y ejecutando una política pública inconfesa”.

“Hace tres semanas se dijo que iba haber una política minera, pero observamos -gracias a los medios de comunicación-, que las acciones ya estaban planificadas. La política minera y la presencia de algunos ecologistas invitados a las mismas hubiera servido para legitimar lo que dos semanas después estamos viendo, ya se planificaba", puntualizó.