Empleabilidad, confianza y la política

El gobierno nacional mantiene una serie de programas de empleabilidad con el propósito de disminuir el desempleo, la desigualdad y la informalidad. Estos programas forman parte de una Política nacional de empleabilidad que fue prometida por el MITRADEL cuando participo en marzo 2022 en una reunión de alineamiento con el Director de Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Señor Shangheon Lee.

Uno de los obstáculos más difíciles para el éxito de estos programas es la difusión clara de información sobre el proyecto como requisitos para participantes, beneficios y procedimiento de implementación. Estos programas, que, aunque bien intencionados, al ser analizados a fondo se evidencia que están plagados de burocracias administrativas y/o de vulnerabilidades que pueden convertirlos en mecanismos clientelistas.

Actualmente existen 4 programas publicitados en la página web del MITRADEL.

El objetivo principal es apoyar a la población desempleada que presentan grandes carencias (mayores de edad, discapacitados, población vulnerable) para competir en el mercado laboral para que puedan acceder a un empleo en el sector privado. Este programa a través de MITRADEL y la Empresa Privada, que brinda la oportunidad de participar en actividades teóricas y prácticas dentro de una empresa, promoviendo la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. Los ciudadanos participan por un periodo de 3 meses como “Becarios” para adquirir competencias, directamente en las empresas que participan, mediante un Acuerdo de Voluntades entre el MITRADEL y las EMPRESAS. Durante este periodo no se configura una relación de trabajo.

La “Beca Laboral” es equivalente al salario mínimo de la actividad económica y región correspondiente de la EMPRESA. El estado paga el 50% de la beca y el otro 50% lo paga la empresa participante. En el caso que el becario sea una persona con discapacidad el MITRADEL reconocerá el 100% de la beca (es decir el salario mínimo).

Este programa tiene un presupuesto para el año 2022 de B/.660,560 (16% menor al presupuesto del año 2019 de B/.787,297) con una ejecución presupuestaria a abril 2022 del 23% y en lo que va del año tiene 0 acuerdos de voluntades con empresas y 0% de inserción laboral. En el 2019 este programa logro insertar al mercado laboral a 125 personas (88 hombres y 49 mujeres) de un proyectado de 450 personas (efectividad del 27%), en el 2022 el proyectado de efectividad es de 181 personas, pero van 0.

La Ley 42 del 27 de agosto de 1999, modificada por la Ley 15 del 31 de mayo de 2016, la cual establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad indica que toda empresa que tenga más de 25 trabajadores, el 2% debe ser personas con discapacidad. Este programa busca la inserción laboral de las personas con discapacidad (deficiencia física, mental, intelectual o sensorial) al mercado de trabajo a través de servicios de orientación, formación técnica, colocación de empleo y campañas de sensibilización con los empleadores trabajo y comunidad en general. El ministerio de Economía y Finanzas reconocerá al empleador que contrate personas con discapacidad, el doble del salario devengado por la persona con discapacidad hasta un mínimo equivalente a seis (6) meses en cada periodo fiscal, como gasto deducible para la determinación de la renta gravable.

Este programa tiene un presupuesto para el año 2022 de B/.95,900 (36% menor al presupuesto del año 2019 de B/.151,314) con una ejecución presupuestaria a abril 2022 del 32% logrando una inserción laboral acumulada de 72 personas discapacitadas (43 hombres y 29 mujeres). En el 2019 este programa logro insertar al mercado laboral a 395 personas (167 mujeres y 228 hombres) de un proyectado de 625 personas (efectividad del 63%). Para el 2022 el proyectado de inserción es únicamente de 327 personas. No se tienen datos accesibles de cuantas empresas han aplicado para el beneficio fiscal que otorga este programa ni tampoco un informe que indique que tipo de empleo (duración-salario-industria) tiene las personas discapacitadas que fueron insertadas al mercado laboral.

El objetivo del proyecto es disminuir la tasa de desempleo de jóvenes estudiantes egresados de Bachiller, Universidad o de Formación Técnica del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), a través de pasantías laborales que no se consideran como relación de trabajo. El joven participante durante dicha pasantía debe percibir un aporte económico equivalente al salario mínimo de la actividad económica y región correspondiente de la EMPRESA que es sufragado de la siguiente forma: B/.300 mensuales por parte del MITRADEL y la diferencia del salario mínimo la paga la empresa.

El MITRADEL proveerá una póliza colectiva de accidentes personales al joven durante su participación en la pasantía. Culminada la pasantía de 3 meses, las empresas participantes que contraten a los jóvenes gozaran de un incentivo fiscal equivalente al doble del salario mínimo mensual por un periodo de 3 meses equivalentes al cuarto, quinto y sexto mes de contratación, es decir después que el joven ya contratado haya culminado un periodo de prueba de 3 meses en la empresa.

Este programa tiene un presupuesto para el año 2022 de B/.698,900 (50% menor al presupuesto del año 2020 de B/.1,411,538 y 16% menor al presupuesto del año 2021 de B/.841,725) con una ejecución presupuestaria a abril 2022 del 11% logrando un total de 31 pasantías (13 hombres y 18 mujeres). En el 2021 este programa solo logro colocar en pasantías a 10 jóvenes (todos hombres) de un proyectado de 300 personas (efectividad del 0.03%). Para el 2022 el proyectado de pasantías es 300 jóvenes. No se tienen datos accesibles de cuantas empresas participan de este programa, cuantas se han hecho acreedoras del beneficio fiscal, ni tampoco un informe que indique si los jóvenes participantes han conseguido satisfactoriamente un empleo después de la pasantía y en qué condiciones.

Este es el más reciente programa del gobierno, que busca insertar o reinsertar en el mercado laboral a personas en edad económicamente activa que estén enfrentando alguna situación de vulnerabilidad, específicamente personas afectadas por los efectos negativos de la pandemia Covid-19. Los beneficiaros de este proyecto son elegidos por el MITRADEL luego de un proceso de orientación para el empleo, se hace la intermediación con las empresas privadas (también seleccionadas por el MITRADEL) que ofrezcan vacantes laborales.

Las Empresas que contraten personas mediante la intermediación de este programa, tendrá derecho a solicitar un incentivo económico de B/.900.00(un solo pago) tras la firma de un Acuerdo de Voluntades en el que se compromete a mantener a la persona en el puesto de trabajo por un período no menor de 12 meses.

Según el MITRADEL este programa prevé contar con un presupuesto de $27 millones buscando insertar al mercado laboral a unas 30,000 personas en un periodo de 5 años. No se cuenta con información de que población ya fue preseleccionada por el MITRADEL para participar de este programa, lo único indicado por las autoridades es que empezaran por personas que hayan perdido su empleo durante la pandemia. información sobre las empresas que participaran y tipos de vacantes tampoco ha sido publicada.

Se requiere llenar un sin número de formularios (empresas y buscadores de empleo) y la firma de convenios de entendimiento o colaboración entre el MITRADEL y la EMPRESA que otorgue la plaza de trabajo o pasantía. Esto es un procedimiento altamente burocrático e ineficiente si consideramos la tecnología disponible y que solo busca propaganda política ya que normalmente se realizan grandes actividades comunitarias para “celebrar” una ejecución mínima del proyecto.

Existe un alto grado de desconfianza en la gestión del MITRADEL en lo que refiere a la selección de empresas que deseen participar, selección de beneficiarios, capacitación y orientación que se brindara y el manejo/ejecuciones eficientes de los fondos destinados a cada proyecto. Si el proceso de selección de beneficiarios no es transparente puede ser objeto de practicas clientelistas donde solo participan (personas y empresas) allegados a gobierno o se da el beneficio cambio de votos.

Los requisitos para empresas que deseen participar no son congruentes con la situación económica que enfrenta el país. Muchas PYMES que podrían verse beneficiadas de estos programas no podrán acceder si no están al día con la CSS y/o la DGI, es decir todas las que estén en arreglo de pago que son las que mas requieren de este de ayudas e impulsos.

No se tiene definido en estos programas cuales son las áreas económicas que requieren mas mano de obra joven capacitada o que tengan acceso a personal con discapacidad. Tampoco existe información estadística que mida el resultado del programa y en que condiciones están siendo los participantes insertados en el mercado laboral. Se requiere no solo generar empleo sino mejores empleos que los que teníamos antes de la pandemia.

Una política pública de empleabilidad exitosa que nos ayude a disminuir el desempleo de 11.5%, que afecta mayormente a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, va a requerir de confianza, transparencia y data medible. Los programas deben ser ejecutados por funcionarios capacitados y actualizados en las nuevas tendencias laborales y necesidades del mercado laboral. Lo mas importante es que la Empresa privada quiera participar.