Asociación Bancaria pide restablecer el orden público

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) exigió al Gobierno Nacional "hacer cumplir la ley y asumir la responsabilidad que le corresponde" en medio de la coyuntura que atraviesa el país, tras la sanción de la polémica ley 406, que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Aunque la ABP destaca que el derecho a la protesta es positivo y "no ocasiona daños significativos a la economía", los actos de vandalismo y cierres de calles, sí están impactando, de forma negativa, en el desarrollo económico y la calidad de vida de los panameños.

Desde la asociación adelantan que es "predecible" que las cifras de la economía en octubre reflejarán un "impacto negativo importante", cuando sean publicadas y que, los disturbios han afectado el atractivo de Panamá como destino de calidad para las inversiones extranjeras.

Diversos sectores de la economía panameña están anunciando perdidas millonarias producto de la actual crisis social. Un ejemplo de esto es la Asociación Panameña de Hoteles que, en un comunicado, publicado el 2 de noviembre, dijeron que, en 12 días de protesta, el turismo panameños perdió $200 millones, cifra que incluye $13 millones en el sector hotelero y, cancelaciones por visitas de turistas al país, que superan las 68,000 personas.

Los gremios empresariales también se están viendo afectados, reveló el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega, durante un informe publicado a finales de octubre, en el que detallaron que el país pierde entre $60 y $90 millones por los cierres de vía.

El pasado 31 de octubre, la calificadora de riesgo Moody’s emitió un comunicado en el cual cambió la calificación de riesgo de la República de Panamá de Baa2 a Baaa3. Y la perspectiva se cambió de negativo a estable, por el escenario que vive el país, en la actualidad.

La ABP, indicó que, desde el punto de vista macroeconómico, ya el país venía con grandes desafíos, pues necesitaba cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un país en donde se estima que el déficit para este año sería de unos $3,000 millones aproximadamente. "Adicionalmente, el aumento de las tasas de interés a nivel mundial, encarecerá el costo de la deuda pública, la cual ha crecido desmedidamente en los últimos años. La crisis desatada [desde] hace tres semanas, viene a complicar mucho más las cosas".

"Es imperativo que el Gobierno Nacional actúe con decisión y prontitud en reducir drásticamente el abultado gasto público y se enfoque en dirigir recursos a mejorar los deficientes servicios públicos que reclama la población. No es responsable a sumir que los satisfactorios niveles de crecimiento económico experimentados desde el final de la crisis de la pandemia, que permitieron al país mantener su grado de inversión, se mantendrán en 2024 o 2025", concluyó la agrupación.