Panamá gasta el 7.1% del PIB en seguridad

Panamá ocupó la posición 52 entre 162 países en el Índice de Paz Global en el año 2014, de acuerdo con el Centro Nacional de Competitividad,

El reporte revela que Islandia, Dinamarca, Austria, Nueva Zelandia y Suiza ocuparon las primeras posiciones como las sociedades más pacíficas en 2014, mientras que Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia y Sudán están entre los países más violentos.

En el caso de América Latina y el Caribe, los países con mejores índices de paz resultaron ser Uruguay (29), Chile (30), Costa Rica (42), Argentina (43) y Panamá (57).

En el estudio, que fue elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Panamá tuvo resultados positivos en grado de militarización y en conflictos domésticos e internacionales. Sin embargo, necesita reforzar aspectos vinculados con los temas de sociedad y seguridad social, como los homicidios, los crímenes violentos, la criminalidad percibida por la sociedad, el acceso a armas livianas, la población encarcelada y las manifestaciones violentas.

El informe de 2014 establece que Panamá tuvo un costo para contener la violencia de aproximadamente $4,500 millones; es decir, cerca de un 7.9% del PIB, medido con el indicador de poder de paridad adquisitivo. Según este indicador, Panamá ocupa el puesto 37 entre los países que más gastan para hacerle frente a la violencia y a la criminalidad, por encima de Rusia (38), Pakistán (48) y México (50).

Más de la mitad del costo para contener la violencia de todos países se destina a gastos militares, homicidios (15%), seguridad interna pública (6%), seguridad privada (6%), encarcelamiento (4%), conflictos (1.7%) y otros que no alcanzan el 1%, como los gastos destinados a los refugiados y desplazados, muertes por conflictos internos y externos, y en las misiones de paz de la ONU.

En el caso panameño, este fenómeno se evidencia en el presupuesto destinado a la seguridad pública, en los gastos de servicios de salud (por atención médica, la producción perdida y el daño emocional), en los sistemas judicial y penitenciario, pero y sobre todo en los gastos realizados por los hogares en donde al menos uno de sus miembros, o todo el hogar en su conjunto, han sido víctimas de las actividades criminales.

La criminalidad afecta la economía de las personas más aún en aquellas zonas identificadas como áreas rojas, por la dificultad que tienen sus habitantes para realizar actividades rutinarias, pero necesarias para vivir, tales como movilizarse, comerciar, convivir en sociedad, etc. Esto se debe, en gran medida, a la proliferación de personas y pandillas criminales, motivado sustancialmente por la falta de presencia de instituciones de seguridad del Estado.

En la República de Panamá, existen regiones urbanas y suburbanas, en donde el valor de la tierra se mantiene depreciado por los focos de criminalidad.