Bloqueo en la frontera 'tica' le costaría a Panamá hasta $1.5 millones diarios

Custodiados por una caravana policial, docenas de camiones repletos de carga destinada para abastecer los distintos mercados de Centroamérica  se encuentran varados en las fronteras de Costa Rica con Panamá y Nicaragua, desde el pasado viernes 15 de mayo. 

Solo en las fronteras de Costa Rica con Nicaragua hay más de 900 camiones parados, abarcando unos 27 kilómetros de carretera. Mientras que en Panamá, hasta ayer, habían otros 400 camioneros que no podían pasar para el lado “tico”.

Un escenario que se vuelve “muy grave”, tomando en cuenta que “el 90% de la mercancía que entra a la región ingresa por vía terrestre” y que la entrega de estos productos es crucial para poder enfrentar la crisis sanitaria y económica que están enfrentando todos los países de la región y el mundo entero.

“El problema radica en que Costa Rica está haciendo pruebas de hisopado (para detección de Covid-19) en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, y se le han acumulado (hasta ayer) alrededor de cuatrocientos camiones varados porque los resultados de las pruebas que ellos están haciendo demoran alrededor de 72 días o más, lo que ha producido el taponamiento”.

Así lo explicó a La Estrella de Panamá el presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel), Antonio García Prieto, quien advirtió que cada día que la frontera se para le cuesta al país entre 1 a 1.5 millones de dólares el intercambio comercial que debe entrar por Panamá. 

Para efectos de Panamá, el impacto principal, en este momento, se va a traducir en alimentos, medicamentos, e insumos médicos. Aunque también entran otras maquilas, ropa, zapatilla, entre otras.

Mientras que para los efectos de la región el problema es que se rompe totalmente la cadena de abastecimiento porque de Panamá también salen productos para Centroamérica y sale mucha materia prima necesaria en las fábricas y en las industrias de estos países. Así como también hay mucha carga que viene de Centroamérica que se reexporta, por ejemplo, a Suramérica, el Caribe, entre otros.

“El impacto es de región y es incalculable porque todo lo que se pierde alrededor en el resto de los países es muy alto”, sostuvo el empresario.

De hecho, la Federación de Cámaras Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe (Fecaexca) advirtió que estas disposiciones están provocando que los países vecinos como Honduras, Nicaragua, y Panamá implementen medidas de reciprocidad que afectaría el esquema de integración regional y limitaría el comercio intrarregional.

El bloqueo en Costa Rica es parte de las medidas que adoptó el Gobierno y que empezaron a regir desde este lunes 18 de mayo. Su objetivo impide al máximo el paso de transportistas por este país para evitar el aumento de casos de Covid-19.

“El presidente le dijo a los nicaragüenses que se dieran la vuelta y que se regresaran, pero nosotros queremos que pasen los transportistas de nosotros para acá, porque es un problema de salud, y acá hay que atenderlos como debe ser”, declaró a la Televisora Nacional Manuel Levigio, vocero de los transportistas de carga.

Atrapado también por el bloqueo, Levigio contó el viacrucis que está viviendo en las fronteras "ticas" y solicitó al gobierno de Panamá que dialogue con Costa Rica para que retire las medidas de desenganchar y enganchar los camiones, y flexibilice los días de paso que le han establecido, de solo cuatro, pues considera que lo mínimo deben ser diez para poder hacer el traslado con tiempo suficiente.

“En Costa Rica si nos pasamos de los cuatro días nos hacen pagar impuestos de los camiones, de 5 mil, 6 mil o hasta 8 mil dólares, o lo que ellos digan, y quedamos perdiendo los camiones del lado costarricense. Ese es un punto muy delicado con Costa Rica”, argumentó el transportista.

Mediante los dos decretos emitidos Costa Rica solo se permite el ingreso a su territorio a quienes realicen “tránsito de frontera a frontera” y establece que a estos conductores se les realice un “estricto seguimiento y vigilancia policial”.

Mientras que a los conductores de camiones que tengan como destino final Costa Rica no se les permitirá el acceso; y en estos casos aplicarán tres modalidades para que la carga pueda entrar al país: desenganche, enganche y relevo.

El presidente de Coel advirtió que el endurecimiento de la medidas que impuso el Gobierno costarricense está ocasionado un bloqueo comercial que pone en “riesgo” la mercancía que llevan los camiones a bordo, el abastecimiento de estos productos en los mercados de Centroamérica, y por ende a la economía.

Y es que según el empresario, “las cargas que van a entrar a Costa Rica van a funcionar a través del sistema de enganche y desenganche, lo que significa que los transportistas van a tener que llegar a la frontera de Costa Rica y allí van a entregar la rastra que traen, que puede ser un furgón o contenedor o una plataforma, y un transportista costarricense lo va a enganchar y llevar a su destino final con el propósito de que no haya flujo de centroamericanos pululando en territorio costarricense”, explicó.

Para García Prieto esas medidas traen como consecuencias el rechazo de los transportistas a nivel de la región que se niegan a entregar sus equipos a un tercero, pues lo consideran hasta violatorio e ilegal; además de otra serie de problemas.

Por un lado, indicó que la medida afecta la responsabilidad que tiene el transportista que recoge la carga con su exportador y de la trazabilidad y seguridad con que la carga debe llegar a su destino final, porque se rompería la cadena (de entrega) y el transportista no podría dar esa garantía al exportador de que la carga está en riesgo.

“Tienes el problema de que cargas especiales o cargas peligrosas, como por ejemplo, gas a granel, químicos especializados tienen que ser transportados por operadores o conductores que hayan sido adiestrados, capacitados y certificados para llevar esa carga; y no se pueden entregar a un tercero”, apuntó.

Y por otro lado y quizá el principal problema, es que las compañías de seguro aseguran las cargas siempre y cuando estén enganchadas al camión que tiene la póliza de seguro. “En el momento en que desenganchas se rompe la cobertura que tiene la carga porque la póliza está al camión y a todo lo que hale el camión y en el momento de que lo traspases la compañía de seguros se va a desprender de las responsabilidades”.

Además de lo anterior, agregó, “los mismos conductores dicen a su Gobierno que ellos tienen que excluirse de responsabilidad porque no saben que trae la carga, si es contrabando, droga, carga ilícita, porque no estuvieron en el proceso de carga de la mercancía”. 

Ayer representantes del Consejo de Ministros de Comercio Exterior y del Gobierno de Panamá y Costa Rica se reunieron para analizar esa medidas adoptadas por el vecino país de limitar el ingreso de transportistas de carga internacional y encontrar una salida al problema. “La solución debe de ser consensuada no unilateral como lo hizo Costa Rica”, manifestó García Prieto.

Por su parte, la directora general de Aduanas, Tayra Barsallo, señaló que desde un principio el Gobierno Nacional, a través del ministro de Comercio e Industrias (Ramón Martínez) y su persona, expresaron su rechazo y la solicitud de suspensión de los decretos que comenzaron a regir desde ayer en Costa Rica. “Estamos firmes en solicitarle esta petición (suspensión de los decretos) al Gobierno costarricense”, afirmó Barsallo en una entrevista en el noticiero matutino de Televisora Nacional.

Dijo que igualmente el resto de los países centroamericanos estuvieron de acuerdo en que se solicitara a Costa Rica la suspensión de esta medida, sin embargo, ese país manifiesta que esta es una medida sanitaria.

Explicó que la preocupación que tienen (Gobierno de Costa Rica) es la cantidad de personas que en un determinado momento han salido positivos. Hay conductores panameños atrapados en la frontera con Nicaragua y hay dos panameños positivos con Covid-19 que están a su suerte allá.

Hasta el  viernes el país vecino estaba realizando pruebas a los transportistas extranjeros que ingresaran a su territorio nacional, pero (ahora), según Barsallo, alegan que ya el gobierno costarricense no puede asumir esos gastos.

Hasta el 16 de mayo habían dado positivo por Covid-19 31 transportistas foráneos y fueron rechazados en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas, en la frontera con Nicaragua.

En ese sentido “pusimos como una opción que nosotros como Panamá nos hacíamos cargo de realizarle las pruebas a nuestros transportistas y que se emitiera una certificación a través de las autoridades de salud pertinentes y que ésta fuera avalada por el resto de Centroamérica y que emitiera como una de certificación para pasar por el resto de los países”, expresó.

Por otra parte, comentó que también han manifestado la inconveniencia de las opciones que establece Costa Rica con respecto al desenganche, enganche o cambio de conductor del transporte, toda vez que “estas medidas afectan la facilitación del comercio y ponen en peligro el tema contractual de las aseguradoras y el alcance de estos seguros, así como también el peligro de la carga”.

“Hay carga que es refrigerada, carga que puede ser dañada, carga que puede ser contaminada por temas de seguridad y no nos dan una garantía del cumplimiento y seguimiento de esa trazabilidad”, advirtió.

Precisó que no solamente Costa Rica tiene el rechazo por parte de los países de la región únanime sino también de parte de las asociaciones, gremios transportistas e industriales costarricenses, porque “es un obstáculo al comercio y también viola muchas de las normas del derecho comunitario centroamericano”, sentenció.

Adelantó que durante la reunión de ayer se propuso establecer una mesa de trabajo para establecer un protocolo conjunto de todos los países centroamericanos para que se pueda aplicar a todos los países por igual un solo protocolo. Hoy se tiene planeado un diálogo que les permita llegar a un acuerdo.

“Estamos claros de que debe haber una corresponsabilidad de todas las partes. Los transportistas también tienen una responsabilidad de mantener las medidas sanitarias mínimas que se exigen tanto en todos los países como por la salud de ellos mismos. Los dueños de los transportes o de las empresas transportistas también tienen que dotar a estos transportistas de los insumos de salud y cada uno de los países deben ser responsables con sus connacionales”, puntualizó.