CAF: La transición energética en América Latina y el Caribe sigue siendo un desafío

Para cumplir con las metas del Acuerdo de París de reducción de emisiones, todos los países deben colaborar con los esfuerzos de mitigación. En América Latina y el Caribe hay dos márgenes directos de acción. El principal es frenar la deforestación y reducir las emisiones del sector agropecuario. Para esto es fundamental tanto establecer políticas dirigidas directamente a preservar los ecosistemas, como aumentar la productividad y la sostenibilidad de las prácticas del sector agropecuario.

Este último punto puede lograrse con políticas como las mencionadas en el apartado anterior para el sector agropecuario que, además de favorecer la adaptación, permiten reducir las emisiones y aumentar la productividad.

El segundo margen es la transición energética. Esta consiste en la sustitución del uso de combustibles fósiles por el de fuentes renovables de energía. El avance de este proceso en el mundo ha permitido que los costos y la factibilidad tecnológica de las principales fuentes de energía renovable y de los bienes que utilizan electricidad para funcionar hayan disminuido y se hayan equiparado (o se espera que lo hagan en los próximos años) con los de las energías fósiles.

No obstante, los desafíos de la transición energética en la región siguen siendo formidables. La adopción a gran escala de las fuentes renovables requiere de grandes inversiones de capital y de resolver retos de transmisión e intermitencia. La reducción del uso de carbón y petróleo supondrá importantes desafíos para la producción, la inversión, el empleo, los ingresos fiscales, las cuentas externas y los stocks de riqueza de las economías de la región, así lo explica el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en su nuevo Reporte de economía y desarrollo (Red).

Estos retos, según CAF, no estarán distribuidos uniformemente entre las distintas economías, sino que dependen de la disponibilidad de reservas y de los esfuerzos de adaptación implementados en la región y sobre la efectividad de esas iniciativas. Además, dijo, es necesario fortalecer las capacidades del sector público para la elaboración de diagnósticos de riesgos, el diseño y la implementación de las políticas.

Recalcó que la geografía de la región brinda importantes ventajas competitivas para la generación de electricidad a partir de energía solar y eólica, ya que en la zona de la Puna (que abarca territorios de Argentina, Bolivia, Chile y Perú) se encuentra el área con el mayor potencial práctico de energía fotovoltaica del mundo.

“La utilización de fuentes de energía solar y eólica a pequeña escala puede ser una forma costo efectiva de alcanzar regiones aisladas en la extensa geografía de la región”, mencionó la CAF.

El reporte indica que los precios al carbono se consideran la política más eficiente para reducir emisiones, ya que es un mecanismo con el que se puede crear un incentivo financiero a los agentes para que reduzcan sus emisiones al menor costo posible, tanto a través de la reducción del consumo de combustibles fósiles como del desarrollo de tecnologías más limpias.

Este instrumento, explica, se puede implementar ya sea como un impuesto o mediante un sistema de comercio de emisiones (SCE). Ambas alternativas aumentan el precio relativo de los bienes y servicios intensivos en emisiones, disminuyendo su consumo. Si bien los precios al carbono se enfocan en la práctica casi de manera exclusiva en los combustibles fósiles (con excepción de Nueva Zelanda), en principio estos pueden abarcar todas las fuentes de emisión de GEI, lo que permitiría la reducción de emisiones por parte del sector agropecuario e indirectamente desincentivar la expansión agrícola, reduciendo las emisiones del cambio de uso del suelo y silvicultura.

En la región, cinco países han establecido impuestos a los combustibles fósiles (con distintos niveles de alcance): Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. También hay impuestos estatales en tres jurisdicciones mexicanas: Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.

Además, hay un SCE en fase de prueba: el Sistema de Comercio de Emisiones de México. La efectividad de estos esquemas ha sido limitada, en parte, porque no generan aumentos significativos en los precios de los combustibles (de modo que tampoco afectan demasiado los patrones de consumo).

Para la CAF otra prioridad debería ser la reducción o eliminación de los subsidios al uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, detalla que en varios países de la región existen subsidios directos o indirectos al uso de combustibles fósiles, cuyo monto alcanzó el 1% del producto interno bruto (PIB) en 2020. Así mismo, constata que “una desventaja de los precios al carbono y la eliminación de subsidios es su impacto distributivo. Los hogares con menos ingresos dedican una proporción mayor de sus ingresos a energía y transporte público. Por esto, la aplicación de estas políticas requiere de la introducción de mecanismos de redistribución que compensen su impacto regresivo”.

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, el banco explica que la transición energética a nivel global puede abrir oportunidades para explotar la dotación de recursos y las ventajas competitivas de la región. Puntualiza que el aprovechamiento de las grandes reservas de gas natural de varios países de la región permitiría reducir las emisiones (tanto de los países de América Latina y el Caribe como de otros) con respecto al consumo actual de petróleo y carbón (los combustibles fósiles de mayor contaminación).

Eventualmente, el CAF prevé que también se deberá reducir el uso de gas natural. No obstante, manifiesta que su aprovechamiento puede brindar un valioso puente en el proceso de transición energética.

Adicionalmente plantea que el aprovechamiento del potencial energético del gas y la explotación de fuentes de energía renovables permitirían el desarrollo de ventajas comparativas para la instalación de procesos industriales intensivos en energía, facilitando la relocalización de las inversiones y la producción en América Latina y el Caribe. “Eventualmente el hidrógeno basado en fuentes bajas en carbono podría ser otra alternativa para este propósito. Sin embargo, se requieren aún mayores avances tecnológicos para hacer viable su uso comercial”, constata.

El nuevo Reporte de Economía y Desarrollo también revela que la cantidad de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe pasó de un promedio de 28 por año durante el período 1980-1999 a 53 por año en el período 2000-2021.

La población afectada aumentó de 4,5 a 7,2 millones de personas por año en los mismos períodos. Los eventos más frecuentes son las inundaciones y los ciclones tropicales y estos, junto con las sequías, son los fenómenos que más población afectan cada año.

Entre varios cambios climáticos, el CAF espera que las precipitaciones disminuyan en el norte de Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, parte del Amazonas, el noreste de Brasil, el centro y sur de Chile y el sur de Argentina. Sin embargo, adelanta que la aridez aumentará en casi toda la región, con excepción de las costas de Perú y Ecuador.

Según el reporte, América Latina y el Caribe conserva 9,3 millones de km cuadrados de bosques, los cuales cubren un 46% de su territorio y representan una cuarta parte de los bosques mundiales. Contribuyen cada año a la mitigación del cambio climático con la captura de 1,1 de dióxido de carbono, albergan una enorme biodiversidad y ofrecen importantes servicios ecosistémicos a la población a nivel local y regional. Por lo tanto, el reto de detener la deforestación es crucial. Para esto, el CAF ve necesario fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario de la región mediante un compromiso creíble con frenar el crecimiento de la frontera agropecuaria, el aumento de la productividad agropecuaria y el uso de prácticas sostenibles en este sector.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en un comunicado destaca que la coordinación internacional en política climática y de biodiversidad es necesaria porque ambos son asuntos donde las acciones de cada país afectan a los demás.

“Con esta publicación queremos destacar que se requiere integrar estas políticas con las que promueven el crecimiento económico y la inclusión social, lo que puede dar lugar a complementariedades y tensiones que es necesario manejar articuladamente. El mundo necesita soluciones climáticas, alimentarias y sociales con urgencia; esta realidad nos está afectando a todos y debe ser una prioridad en todos los ámbitos”, manifiesta Díaz-Granados.