Caso UCOC: gremios internacionales alertan por riesgos laborales y operativos en el Canal

El diferendo entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) comienza a proyectar efectos más allá del ámbito laboral inmediato. Las medidas administrativas para suspender pagos y recuperar salarios previamente desembolsados han colocado a la ACP bajo escrutinio internacional, no solo por el fondo del conflicto, sino por el mensaje que envía como entidad pública empleadora en una industria donde la certeza jurídica y la estabilidad operativa son factores críticos.

En ese contexto, pronunciamientos recientes de organizaciones sindicales extranjeras han elevado el tono del debate al advertir que la aplicación de medidas salariales con efectos retroactivos podría abrir un precedente sensible en materia de derechos adquiridos. Para estos gremios, el caso panameño no se limita a una disputa contractual, sino que plantea interrogantes sobre el alcance de los fallos judiciales en relaciones laborales vigentes y el equilibrio entre legalidad administrativa y protección al trabajador.

El respaldo internacional a la UCOC se consolidó a lo largo de noviembre y diciembre de 2025, a través de pronunciamientos públicos, comunicados formales y denuncias presentadas en foros sindicales internacionales. Dirigentes de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), así como de sindicatos marítimos de América y Europa, han advertido sobre un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del clima de diálogo en la vía interoceánica, elevando el conflicto a una dimensión regional y global.

Uno de los pronunciamientos más recientes provino del Departamento de Oficios del Transporte (TTD, por sus siglas en inglés) de la AFL-CIO —la mayor federación sindical del sector transporte en Estados Unidos—, que expresó su respaldo a la UCOC y cuestionó la actuación de la ACP en el proceso de negociación colectiva. En un comunicado fechado el 16 de diciembre, sus dirigentes señalaron que los capitanes de remolcador desempeñan funciones críticas y de alto riesgo, y subrayaron que “tienen derecho a un convenio colectivo sólido, negociado de buena fe”, advirtiendo que la prolongación del conflicto y el incumplimiento de obligaciones laborales afectan estándares fundamentales del sector.

Días antes, el presidente del Comité de Navegación Interior de la ITF, Jacques Kerkhof, había instado a la ACP a restablecer el diálogo social con los representantes sindicales, recordando que la operatividad del Canal depende directamente del trabajo de los remolcadores y de sus tripulaciones. Kerkhof enfatizó que la experiencia internacional demuestra que la negociación efectiva contribuye a mejorar la seguridad, las condiciones laborales y los tiempos de descanso, y advirtió que “sin remolcadores no hay Canal, y sin Canal no hay transporte marítimo”.

Las denuncias también fueron elevadas a instancias sindicales internacionales en Europa. El pasado 21 de noviembre, durante reuniones de la ITF celebradas en Grecia, el presidente del Sindicato Nacional de Oficiales de la Marina Mercante de Brasil (Sindmar), Carlos Augusto Muller, expuso lo que calificó como desmejoras laborales, presuntas ilegalidades y vulneraciones a derechos fundamentales de los trabajadores del Canal. En comunicaciones posteriores dirigidas a la ITF, Muller alertó sobre jornadas que superan las 20 horas continuas, restricciones a la libertad de expresión de los trabajadores y medidas administrativas que —según indicó— podrían comprometer la seguridad operativa de una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Previo a este cúmulo de respaldos, el 18 de noviembre uno de los primeros dirigentes en pronunciarse a favor de los capitanes y oficiales del Canal fue el sindicalista argentino Mariano Moreno, presidente de navegación interior para América Latina de la ITF. Moreno denunció “ataques clasistas contra la libertad sindical y los derechos humanos” de los trabajadores, y sostuvo que las irregularidades señaladas por el gremio no solo afectan a quienes laboran en el Canal, sino que representan un riesgo directo para la operatividad de la vía interoceánica, por lo que hizo un llamado a las autoridades panameñas a atender las advertencias antes de que el conflicto escale a consecuencias mayores.

Los pronunciamientos de apoyo internacional tienen como antecedente el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, emitido en julio de 2025, que declaró ilegal una resolución de la Junta de Relaciones Laborales. No obstante, la interpretación de sus efectos ha profundizado el conflicto laboral y jurídico.

Mientras la ACP sostiene que los salarios otorgados deben ser recuperados a partir de este mes, la dirigencia de la UCOC argumenta que la Corte no ordenó la devolución de pagos ni estableció efectos retroactivos, sino que enfatizó la obligación de ambas partes de retomar la negociación colectiva de buena fe. El sindicato también afirma que los descuentos salariales de entre 7 %, 10 % y 15 %, planteados para extender el plazo de recuperación y mitigar el impacto económico, comenzarían a aplicarse en febrero de 2026 y no en enero, como ha señalado la ACP.

La ACP ha señalado previamente que las medidas adoptadas responden al cumplimiento del fallo judicial y a sus responsabilidades administrativas.