David Razú sobre pensiones en Panamá: ‘El Estado debe garantizar ingresos suficientes a jubilados’

La sostenibilidad de un sistema de pensiones no es solo una cuestión social: es un determinante económico crítico. Un sistema débil genera obligaciones futuras que pueden comprometer la capacidad del Estado para invertir, financiar infraestructura y fomentar el crecimiento.

En entrevista con La Estrella de Panamá, David Razú, economista especializado en finanzas, inversiones y previsión social, enfatizó que la ausencia de políticas previsionales robustas puede bloquear décadas de desarrollo.

“Soy de la opinión de que debería haber sistemas de pensiones más robustos. No necesariamente tiene que ser como el de México, a mí me gusta mucho como México, pero el Estado tiene que diseñar políticas públicas que garanticen que toda persona en edad de retiro tenga ingresos suficientes para sostenerse, porque si no se sostiene esa persona, alguien la va a tener que sostener, y al principio va a ser el Estado y va a ser su familia. Y ese gasto va a ser un gasto que va a estar bloqueando el potencial de crecimiento del propio Estado”, afirmó Razú al referirse a las pensiones en Panamá.

Actualmente, el sistema panameño depende de un esquema de ahorro voluntario y de la pensión mínima de la Caja de Seguro Sociai (CSS). Según Razú, esta estructura genera huecos fiscales: muchos trabajadores no alcanzan a cotizar lo suficiente para recibir pensiones adecuadas, obligando al Estado y a las familias a cubrir la diferencia. Este efecto reduce la capacidad de inversión pública y frena el desarrollo económico del país.

La experiencia de México con las Afores, según Razú, ofrece un ejemplo de cómo un sistema de pensiones sólido puede equilibrar protección social y estabilidad macroeconómica. Las Afores administran los fondos de pensión de los trabajadores, con la misión de maximizar rendimientos y garantizar ingresos suficientes al momento de la jubilación.

México transitó de un sistema de reparto en 1997 —donde las contribuciones de los jóvenes pagaban las pensiones de los mayores— a un sistema de cuentas individuales. Sin embargo, la reforma de 2020 identificó que los aportes iniciales del 6 % eran insuficientes. Para reforzar la sostenibilidad, la reforma:

“Cuando volteas a ver todo esto, te das cuenta que tenemos un sistema de pensiones realmente robusto, sumamente sofisticado que resuelve el problema de los pensionados y que al mismo tiempo es financieramente sostenible”, asegura Razú.

Las tasas de reemplazo aumentaron de un promedio del 40 % a entre 70 % y 80 %, asegurando que la mayoría de los trabajadores alcance un retiro digno. Además, las reservas de pensiones representan 22 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que permite al Estado financiarse mediante bonos, invertir en infraestructura y ofrecer certidumbre a inversionistas internos y externos. Los fondos de pensiones actúan como inversores de largo plazo, con horizontes de 20 a 25 años, función que la banca tradicional no puede asumir debido a su necesidad de rendimientos inmediatos.

Esta capacidad de inversión a largo plazo genera un efecto económico múltiple: financia infraestructura crítica, estabiliza los mercados financieros, fortalece la moneda y reduce riesgos fiscales futuros. En términos macroeconómicos, un sistema sólido de pensiones contribuye a la acumulación de capital interno, mejora la productividad y potencia la competitividad regional.

En marzo de 2025, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley No. 462, que reforma la Ley Orgánica de la CSS con el objetivo de garantizar estabilidad, equidad y sostenibilidad del sistema. La ley mantiene la edad de jubilación en 62 años para hombres y 57 para mujeres, asegura una tasa mínima de reemplazo del 60 % y protege el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). También introduce flexibilidad para trabajadores independientes, protección para jornaleros estacionales, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión tecnológica.

Para Razú, aunque la reforma es positiva, no sustituye la necesidad de un sistema sólido y políticas públicas estratégicas.

“El Estado tiene que diseñar políticas públicas que garanticen que toda persona en edad de retiro tenga ingresos suficientes para sostenerse. Si no, los costos los asumirán el Estado y las familias, bloqueando la capacidad de crecimiento económico del país”, insistió el también director general de Afore XXI Banorte. El economista advierte que sin un marco robusto, los huecos fiscales podrían erosionar décadas de inversión pública y limitar la expansión de sectores estratégicos, desde infraestructura hasta educación y salud.

Razú enfatiza la importancia de que los jóvenes inviertan temprano: “No es solo ahorrar, es invertir. Deben aprovechar el efecto del interés compuesto para garantizar una jubilación digna y no depender de trabajos mal remunerados o del apoyo familiar”.

El efecto compuesto permite que incluso pequeñas contribuciones crezcan exponencialmente con el tiempo, asegurando capital suficiente para un retiro seguro. La educación financiera es esencial para que los ciudadanos comprendan sus fondos de pensión, tomen decisiones de inversión eficientes y fortalezcan la economía interna. “Todavía falta mucho... Es uno de los desafíos más grandes que tenemos en toda la región, que la gente se involucre y tenga una relación más sana con su propio dinero. Eso me parece que es algo que ha estado faltando en la gente y sigue entrando en temas de ahorro o inversión, muy poco robustos, muy poco eficientes, y no ven que tienen un instrumento muy poderoso en la mano, que son sus propios fondos de pensión”, lamentó el experto.

En conclusión, la experiencia mexicana muestra que un sistema previsional robusto no solo protege a los jubilados, sino que fortalece la economía, fomenta la inversión a largo plazo y estabiliza las finanzas públicas, de acuerdo con las declaraciones de Razú.

La Ley No. 462 de Panamá, por su parte, es un paso positivo hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero aún se requieren políticas públicas estratégicas y educación financiera para cerrar huecos fiscales y garantizar crecimiento económico sostenido.

La lección es clara: la solidez del sistema previsional es un determinante estructural del desarrollo económico, y la construcción de un modelo robusto es clave para asegurar estabilidad, inversión y bienestar social a largo plazo.