Diputado Zúñiga contradice al Gobierno por avances ante la UE en pesca ilegal

El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada VAMOS, aclaró a La Estrella de Panamá la información que recibió durante reuniones técnicas en Bruselas, en el marco del European Visitors Program, y que —según afirmó— contradice directamente el comunicado emitido por el Gobierno Nacional sobre los avances del país en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). El tema tiene fuertes implicaciones económicas para Panamá, particularmente en el comercio marítimo y en la exportación de productos del mar hacia la Unión Europea (UE).

Zúñiga explicó que el pasado jueves 4 de diciembre sostuvo una reunión de alto nivel con autoridades de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea, en la que se evaluó el estatus de la llamada “tarjeta amarilla” que arrastra Panamá desde 2014. Según dijo, la información proporcionada por la UE fue “muy contraria” a lo expresado por la Cancillería y otras instituciones panameñas.

El diputado señaló que los representantes europeos advirtieron que Panamá aún no ha ejecutado las acciones concretas necesarias para avanzar hacia la salida de la tarjeta amarilla, pese a los compromisos asumidos. Estas acciones —precisó— se refieren principalmente a sanciones efectivas a buques de bandera panameña involucrados en pesca ilegal o actividades conexas.

El punto más crítico expuesto por Zúñiga es la ausencia de sanciones reales a las embarcaciones y a los buques auxiliares que abastecen o apoyan operaciones de pesca ilegal. La UE —dijo— espera que Panamá sancione tanto a buques pesqueros como a barcos que suministran combustible, alimentos u otros servicios a embarcaciones vinculadas con actividad ilícita.

La falta de estos correctivos —advirtió— expone al país al riesgo de recibir una “tarjeta roja”, un escenario que tendría consecuencias económicas inmediatas:

Zúñiga recordó que la auditoría de DG MARE, pospuesta previamente, se espera para 2026 y será “el día de la verdad” para demostrar que Panamá ha ejecutado las sanciones y reformas exigidas.

El diputado enfatizó que este no es un asunto político ni coyuntural, sino “un tema de Estado”, cuya falta de avances afecta la credibilidad internacional del país. Lamentó que en Europa exista la percepción de que Panamá carece de voluntad para ejecutar los cambios necesarios, un problema que —según afirmó— se arrastra desde hace más de una década.

También cuestionó que en el mes transcurrido entre su reunión en Bruselas y la fecha señalada por la Cancillería (finales de octubre), no se hubieran concretado avances suficientes. Tras sus declaraciones, dijo haber sido invitado por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) a una reunión para revisar los avances, invitación que confirmó aceptó.

El Gobierno respondió a las declaraciones del diputado, calificándolas de “arbitrarias, sesgadas e incompletas”. Según el comunicado oficial, Panamá se encuentra en la fase final de un proceso de mejora que ha sido formalmente reconocido por la Unión Europea.

La Cancillería subrayó que DG MARE reconoció los “esfuerzos sustanciales” realizados desde el 1° de julio de 2024 para fortalecer el sistema de control pesquero, y resaltó que la UE mantiene una proyección optimista de que Panamá supere la auditoría en el primer semestre de 2026. Entre esos avances, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores destaca:

El Gobierno citó además el Comunicado Conjunto Panamá–UE del 30 de octubre de 2025, donde la UE reconoció avances y compromiso del país en la lucha contra la pesca INDNR, por lo que consideró que las afirmaciones del diputado son contradictorias con la postura europea manifestada oficialmente.

Panamá reiteró que la sostenibilidad marina y el cumplimiento de estándares internacionales son políticas de Estado, y exhortó al diputado a validar su información con los comunicados oficiales.