Eliminación del facturador gratuito amenazaría la legalidad de las Mipymes

La eliminación del facturador electrónico gratuito, medida que entró en vigor el pasado 2 de enero de 2026, ha generado preocupación en distintos gremios empresariales y en proveedores de soluciones digitales, quienes coinciden en que la transición se realizó sin la debida divulgación ni orientación para los usuarios.

Alicia Jiménez, presidenta de las Cámaras de Comercio, Cámaras de Turismo, Cámaras de Industrias y Agropecuarias (Fedecámaras), recordó que el facturador gratuito se había creado originalmente para promover la formalización de los negocios, acompañado de facilidades que permitieron a muchos adaptarse al sistema. Sin embargo, cuestionó la forma en que se implementó la modificación anunciada en julio de 2025. “Cuando se van a hacer cambios de esta naturaleza hay que tener una amplia divulgación de todos los problemas que puede ocasionar para los usuarios”, afirmó.

Jiménez lamentó que, debido al desconocimiento de la normativa, algunos negocios hayan sido cerrados. “Si yo desconozco una normativa, por lo menos me debes dar la oportunidad. Y eso está pasando. Es lamentable”, expresó. Añadió que Fedecámaras había solicitado a la Dirección General de Ingresos (DGI) una reevaluación de lo dispuesto, con el fin de evitar una implementación “tan cruel”.

“Definitivamente a la implementación le faltó divulgación, le faltó orientación y, por sobre todas las cosas, ¿qué alternativas tenemos en caso A, B o C? Claro. No se dio”, criticó Jiménez.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), por su parte, advirtió que el facturador gratuito, aunque útil para profesionales independientes y pequeñas empresas, presenta limitaciones técnicas que pueden dejar a muchos fuera de la legalidad.

“Es una herramienta muy simple, únicamente para generar un documento electrónico. No permite integración con otro sistema y lo puedes utilizar desde cualquier dispositivo. Pero al no estar vinculado con el sistema principal, deja a muchas empresas por fuera”, cuestionó.

Martínez subrayó que esta situación genera una “dualidad de información” que puede derivar en ilegalidad. “Cuando una empresa emite a través de esta herramienta un documento electrónico, el que lo recibe entiende que está recibiendo una factura. Esa factura no está siendo conectada con el sistema de la DGI. Al no permitirse la integración con otro sistema, dejas automáticamente a ese empresario de la micro o pequeña empresa fuera de la legalidad”, insistió.

En ese sentido, recomendó a la DGI permitir la integración de los documentos generados por esta herramienta dentro de sus sistemas oficiales, de manera que las Mipymes puedan cumplir con la normativa. “Lo lógico debería ser que esta herramienta genere un documento que permita integración con otros sistemas. Así, el que está facturando dentro de la micro, pequeña o mediana empresa va a estar cubierto por la legalidad”, sostuvo el líder de Unpyme.

Desde el sector tecnológico, Alegra.com destacó que la digitalización fiscal en Panamá ha alcanzado su etapa de cumplimiento obligatorio este 2026, transformando las reglas del juego para personas naturales y negocios. Según datos de la DGI, más de 18,000 contribuyentes han pasado a la obligatoriedad de utilizar un sistema privado, tras superar los límites de ingresos o volumen de facturación permitidos para el uso del facturador gratuito.

La Resolución 201-6299 establece que cualquier persona natural o negocio con ingresos brutos superiores a $36,000 anuales, o que emita más de 100 facturas al mes, quedará inhabilitado para usar la herramienta estatal gratuita. “El crecimiento de un negocio o de un profesional independiente no debería ser castigado con la interrupción de sus operaciones”, afirmó Getsemani Castillo, Líder de Alegra Panamá.

La empresa advirtió que ignorar los nuevos parámetros técnicos conlleva peligros operativos inmediatos como bloqueo de emisión, impacto comercial, sanciones y cierres.