Sistema cambiará la forma de comprar

PANAMÁ. Dentro de poco, los panameños tendrán que acostumbrarse a hablar de metro, segundo, kilogramo, ampere, kelvin, mol, candela y litro, la siete unidades básicas que cambirán la forma en que los panameños compran sus productos.

Luego de varias reuniones, y consultas, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Consejo Nacional de Metrología acordaron iniciar el proceso de implementación de y divulgación del nuevo sistema métrico.

Y no se trata solamente de un cambio de términos, la adopción del nuevo Sistema Internacional de Unidades de Medidas (SI) también implica la adopción de estándares que influyen en la competitividad.

La ley 52 de 2007 obliga al país a aplicar el nuevo sistema de medición a finales de 2012, pero el Ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, dice que se tomará el tiempo necesario para que la población se adapte al nuevo sistema.

Agregó que la adopción de este no implica incrementos de costos de los productos.

Según el cronograma, entre agosto y septiembre los tanques de gas residencial de 25, 60 y 100 libras llevarán las siguiente denominaciones: 11,340 g, 27,215 g y 45,359 g, respectivamente.

Entre octubre y noviembre le corresponderá el turno a las cadenas de supermercados y ferreterías, al igual que los tanques de gas comerciales.

Finalmente, en diciembre las gasolineras y otros negocios del país deberán adoptarlo.

Luego de evaluar los avances de la ley se determinó trabajar en cuatro áreas: divulgación, beneficios, reglamentación de equipos de medición para garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos y el desarrollo de la nueva cultura metrológica que contribuya a la competitividad del país, dijo por su parte Ahmed Morón, director Nacional de Desarrollo Empresarial del MICI.

Javier Arias, director del Consejo Nacional de Metrología de Panamá, señaló que la Ley 52 no pide eliminar los otros sistemas de unidades, pero sí exige la utilización del nuevo.

Se prevé que la reglamentación de la ley podrá impedir la importación y comercialización de equipos, productos y servicios que no cumplan con los requerimientos técnicos que dictamine la ley, lo que —según las autoridades— mejorará la competitividad del país.