Gremios desconocen plan del Gobierno para extender incentivos al turismo

A pocas semanas de que venza la vigencia de los incentivos fiscales para el turismo establecidos en la Ley 80 de 2012 y ampliados por la Ley 122 de 2019 —beneficios que expiran el 31 de diciembre de 2025—, los principales gremios empresariales del sector coinciden en una preocupación central: hasta ahora, no existe ninguna propuesta, borrador o lineamiento del Órgano Ejecutivo sobre su posible extensión o rediseño.

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) confirmaron por separado el 21 de noviembre que no han recibido información oficial de parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ni de otras instituciones sobre la continuidad del esquema vigente.

La Ley 80 otorga la exoneración de impuestos a la inversión turística por 15 años al impuesto de inmueble, 15 años al impuesto sobre la renta y 10 años a los impuestos de importación. La norma fue modificada y extendida mediante la Ley 122 de 2019, que amplió su vigencia de los incentivos fiscales hasta finales de 2025.

A la norma pueden aplicar: proyectos de hospedaje público turístico fuera del distrito de Panamá, las nuevas construcciones con inversión mínima de $250,000 y proyectos en áreas indígenas o remodelaciones y equipamientos con inversión mínima de $100,000.

No obstante, la ATP confirmó ayer que: por primera vez la ruta del Gobierno no apunta hacia una extensión automática.

“Panamá está dando un paso firme hacia un nuevo y moderno marco de incentivos turísticos. Desde hace meses venimos trabajando en equipo y hemos conformado una mesa técnica entre la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar, con rigurosidad y visión, una nueva ley de incentivos fiscales que mantenga al país competitivo frente al resto de la región”, explicó José Tigert, director de Inversiones Turísticas de la ATP a La Estrella de Panamá.

“En ese sentido, y como parte de una transición ordenada, la Ley 80 de 2012 culmina su vigencia el 31 de diciembre de 2025. Más que centrarnos en una extensión, nuestro trabajo está enfocado en construir un esquema actualizado, adaptado a las necesidades actuales del sector y alineado con las mejores prácticas internacionales”, añadió.

Según Tigert, la mesa técnica evalúa qué incentivos deben mantenerse, cuáles pueden fortalecerse y cuáles conviene modernizar para atraer inversiones estratégicas: “Nuestro objetivo es claro: garantizar que Panamá continúe siendo un destino atractivo y competitivo para invertir y desarrollar proyectos turísticos”.

El funcionario también destacó que la Dirección de Inversiones Turísticas mantiene un compromiso con la eficiencia: “Procuramos que todos los trámites avancen de manera expedita, asegurando una revisión rigurosa de cada solicitud, dada la sensibilidad del tema”. Agregó que la institución trabaja para ofrecer claridad, transparencia y confianza a los inversionistas mediante un modelo de incentivos sólido, moderno y preparado para acompañar el crecimiento del turismo en los próximos años.

Para Yovana Segarra, presidenta de Apatel, el silencio oficial es significativo: “Hasta el momento, desconocemos alguna propuesta o borrador de parte del Ejecutivo o de la ATP”, indicó.

Segarra recordó que los incentivos han tenido un impacto favorable al estimular la inversión local y extranjera, generar empleo, fomentar la innovación y dinamizar regiones fuera de la capital. Destacó, además, que la Ley 80 no implica desembolsos estatales directos, sino que otorga ventajas competitivas que fortalecen la actividad turística.

Desde Apede, su presidenta, Giulia De Santics, compartió la misma inquietud: “el sector está abierto a la continuidad, pero no a una extensión automática. No hay propuesta concreta”.

De Santics añadió que los incentivos solo funcionan cuando están vinculados a resultados medibles —como ocupación hotelera, llegada de turistas, empleos formales y expansión de la oferta en el interior del país— y advirtió que cualquier nuevo marco debe evitar convertirse en un gasto fiscal sin retorno.

Tanto Apatel como Apede coinciden en que la Ley 80 ha dado resultados: atrajo inversión, generó empleos, modernizó infraestructura y dinamizó provincias. Ahora, señalan, el desafío es evolucionar hacia un sistema más moderno, temporal y transparente, integrado a una estrategia que combine incentivos, conectividad, promoción, sostenibilidad y competitividad territorial.

Aunque no manejan propuestas oficiales, Apatel y Apede comparten la postura de que la continuidad de los incentivos es necesaria, pero debe acompañarse de ajustes profundos.

Apatel sostiene que prolongar la vigencia “siempre redundará en beneficios”, al motivar la inversión y generar el efecto crowding in —la atracción de actividades complementarias que dinamizan la economía—.

Apede condiciona su apoyo a un sistema más robusto y transparente. Propone incentivos temporales y sujetos a revisión periódica; techos por proyecto; estándares de sostenibilidad; empleo local verificable; publicación transparente de beneficiarios; y priorización de proyectos en provincias y segmentos de alto valor.

Para la asociación, los incentivos deben funcionar como verdaderos motores de desarrollo, no como gastos pasivos.

Ambos gremios privados coinciden en que el interior del país debe ser el eje de futuros incentivos.

Apatel destaca que dirigir beneficios hacia regiones fuera del distrito capital puede reducir disparidades territoriales y generar un impacto más amplio en comunidades locales.

Apede subraya que deben priorizarse proyectos vinculados al turismo de naturaleza, bienestar, gastronomía, cultura y experiencias, segmentos en los cuales Panamá tiene ventajas competitivas.

Los gremios advierten que la extensión de la Ley 80 o la creación de una nueva no resolverán, por sí solas, los desafíos estructurales del sector.

Apatel señala la necesidad de fortalecer la infraestructura turística, promover la sostenibilidad y diversificar la oferta.

Apede añade que es indispensable aumentar la promoción internacional, mejorar la conectividad aérea y regional, garantizar destinos más limpios y seguros, y potenciar alianzas público-privadas, especialmente en el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), así como programas como Panamá Stopover y el uso de datos compartidos para orientar campañas más precisas.

Con proyecciones de crecimiento en turismo de naturaleza, MICE, gastronomía y bienestar, Panamá enfrenta el riesgo de frenar su avance en un momento clave para la industria, que se consolida como uno de los principales generadores de divisas del país.

Sin una señal oficial clara sobre el futuro de los incentivos, los gremios privados como Apatel y Apede advierten que proyectos planificados para 2025 y 2026 podrían verse comprometidos.