Gremios empresariales piden reformas integrales al Código Minero

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto de ley 579, presentado por la diputada Dana Castañeda, que busca modificar disposiciones del Código de Recursos Minerales y actualizar la normativa sobre minería no metálica.

La iniciativa plantea incorporar criterios sociales y ambientales como requisitos prioritarios al momento de otorgar nuevas concesiones de canteras, con el fin de proteger comunidades, áreas turísticas y bienes públicos.

Durante la sesión se expusieron ejemplos de conflictos recientes, como la oposición comunitaria a la cantera en el Cerro San Cristóbal en Natá y la concesión otorgada en Los Chorros de Olá, ambos casos que reflejan el impacto social y ambiental de estas actividades.

El proyecto propone modificaciones específicas a varios artículos del Código. En el artículo 1 se establece que las áreas de reserva para concesiones de minerales no metálicos incluirán todas las tierras ubicadas a menos de 250 metros y hasta 2 kilómetros de viviendas y barriadas habitadas, a menos de 1 kilómetro de escuelas, centros médicos, iglesias y centros culturales, dentro de lugares turísticos a 2 kilómetros, y a menos de 2 kilómetros de carreteras, 3 kilómetros de autopistas y 2 kilómetros de poblados.

El artículo 2 señala que estas disposiciones aplicarán tanto a nuevas solicitudes como a prórrogas o renovaciones de concesiones, prohibiendo al Ministerio de Comercio e Industrias otorgar permisos en áreas de reserva.

Mientras que el artículo 3 establece que todas las solicitudes en trámite que recaigan sobre áreas comprometidas quedarán rechazadas y deberán ser archivadas en un plazo de tres meses.

Asimismo el artículo 4 obliga a las concesiones vigentes a adecuar sus operaciones y establecer zonas de amortiguamiento conforme a las distancias mínimas, con el fin de disminuir el impacto ambiental y social.

Durante el debate, la diputada Alexandra Brenes cuestionó el sustento técnico de las distancias propuestas, recordando que en la primera versión del proyecto se hablaba de poblaciones de más de 100 habitantes y ciudades de 300 habitantes, mientras que ahora se introducen seis parámetros distintos con kilometrajes específicos.

Brenes insistió en que las autoridades competentes deben validar estas cifras para garantizar que la ley tenga fundamento técnico.

La diputada Castañeda respondió que las distancias fueron definidas tras consultas con expertos en minería y voladuras, quienes señalaron que 2 kilómetros son suficientes para evitar rajaduras en viviendas y proteger áreas turísticas, mientras que 3 kilómetros resultan adecuados para autopistas. Subrayó además la necesidad de coordinación entre el Ministerio de Comercio e Industria (Mici) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para evitar que se otorguen permisos de barriadas en zonas cercanas a concesiones.

El ministro del Mici, Julio Moltó, sugerió que “el tema se debe llevar a una mesa técnica, poniendo a disposición el equipo legal y el departamento de recursos minerales del ministerio para revisar las distancias y atender las preocupaciones planteadas”.

Moltó reiteró que el Mici está dispuesto a colaborar tanto en el segundo debate como en el análisis técnico previo. Por su parte, el diputado Julio de la Guardia sugirió enviar el proyecto a una subcomisión, advirtiendo que la inclusión de distancias respecto a iglesias podría generar conflictos, dado que muchas funcionan en viviendas. Señaló además que en comunidades como Agua Blanca, en Penonomé, las canteras han deteriorado las calles sin asumir responsabilidades.

El diputado Jamis Acosta presentó el informe del Mici, que no se opone al proyecto y lo considera viable, destacando que puede pasar al segundo debate y ser modificado allí si es necesario. El diputado Jhonathan Vega también respaldó la iniciativa, señalando que refleja problemáticas que se viven en el interior del país y que el tema de las distancias puede revisarse en el segundo debate.

En paralelo al debate legislativo, el presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Severo Sousa, reiteró que el Código Minero, vigente desde 1963, requiere una actualización integral y no reformas parciales motivadas por casos específicos. Sousa advirtió que “legislar sobre un tema puntual, como el impacto turístico en la zona de Olá, sería meterle parches a una normativa que necesita una revisión profunda”.

Recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo ya realizó estudios junto a autoridades y sociedad civil para una reforma integral, trabajo que no debería ser desestimado.

Entre los aspectos que, según Sousa, deben incluirse en una reforma completa están la definición de un ente rector con mayor estructura y capacidad técnica, la diferenciación entre áreas de concesión y áreas de explotación, el establecimiento de criterios técnicos para las limitaciones de distancia respecto a comunidades y zonas turísticas, el fortalecimiento de la capacitación del personal vinculado al sector y de las entidades reguladoras, así como la revisión del esquema de regalías, adaptándolo a las nuevas formas de cálculo y porcentajes.

Sousa lamentó que la propuesta de crear una mesa técnica no fuera aprobada en la Asamblea, aunque reiteró la disposición del gremio a aportar conocimientos para garantizar un debate informado. Señaló que, aunque el proyecto de ley se presenta como una iniciativa sencilla con apenas cinco o seis artículos, en realidad aborda un tema técnico de gran profundidad, lo que exige que los diputados cuenten con suficiente información y asesoría especializada.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, subrayó que todas las leyes requieren revisión periódica y que el Código Minero no es la excepción. Aunque aclaró que Conep aún no ha analizado en detalle la propuesta, insistió en la necesidad de que cualquier reforma logre un balance entre desarrollo económico y protección ambiental.

“Debe existir una licencia social donde el Estado gane, pero también haya confiabilidad y seguimiento estricto de las normas ambientales. No puede haber desarrollo con un descalabro ambiental. Tiene que haber un balance entre la actividad económica y la conservación del medio ambiente”, afirmó.

Diez recalcó que la confianza en las normas y su cumplimiento es esencial para que el sector privado pueda operar con seguridad jurídica y al mismo tiempo garantizar que las comunidades no sufran los efectos negativos de la actividad minera.