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- 09/06/2015 02:00
El consorcio pidió a un tribunal de Colorado, en Estados Unidos, una orden judicial para tener acceso a documentación de Ch2M Hill
Grupo Unidos por el Canal (GUPC) apeló la decisión del tribunal de Colorado, en Estados Unidos, que negó la solicitud al consorcio de que la empresa de ingeniería Ch2M Hill, que trabajó para la ACP en el proyecto de ampliación de la vía acuática, le suministrara información para probar el fundamento de sus reclamaciones.
Así lo dio a conocer a La Estrella de Panamá el consorcio a cargo del diseño y construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá, quien advirtió que la petición fue negada en primera instancia por la existencia de un acuerdo de arbitraje privado establecido en el contrato con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
‘Llama la atención las objeciones sistemáticas presentadas por la Autoridad del Canal de Panamá a las solicitudes de información sobre los estudios técnicos y de costos preparados por empresas norteamericanas, entre ellas CH2MHill, Parson Brickehorff y URS Holding', enfatizó GUPC.
Según el consorcio, que lidera la empresa española Sacyr, dichos estudios debían en principio y según la propia ACP, estar disponibles para los participantes en el proceso de licitación del proyecto del tercer juego de esclusas.
En ejercicio de sus derechos legales, GUPC presentó dichas solicitudes de información a los tribunales norteamericanos bajo el amparo del ‘Freedom of Information Act' o Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, a fin de exigir a dichos consultores norteamericanos permitir el acceso a la documentación técnica que la ACP no puso a disposición de las empresas licitantes.
‘Esta negativa por parte de la ACP a dar acceso a documentación técnica que debía estar disponible para el contratista no sólo no es compatible con los argumentos de transparencia esgrimidos por la administración, sino que ponen en duda si la institución fue advertida oportunamente por sus consultores y expertos de los riesgos geológicos y posible incremento de los costos del proyecto, y sin embargo, no desveló dicha información a las empresas licitantes', recalcó el consorcio.
El contrato para el diseño y construcción de las nuevas esclusas del canal ampliado contempla tres instancias para resolver las reclamaciones que puedan surgir.
La primera instancia para presentar un reclamo es la ACP, la segunda es la junta de resolución de conflictos o DAB, por sus siglas en inglés, que está formada por tres expertos, uno elegido por la ACP, otro por GUPC y un tercero de mutuo acuerdo.
La última instancia es un arbitraje internacional en Miami, Estados Unidos, bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional, para lo cual debe presentarse una carta de disconformidad ante el fallo emitido por el DAB.
El primer caso llevado a un arbitraje es el de la ataguía y dragado del Pacífico por un monto de $180 millones.
El segundo arbitraje pendiente corresponde al basalto y a la mezcla de concreto que el DAB fallo a favor de GUPC, pero solo le reconoció $233 millones de los $463 millones solicitados y 176 días de los 265 días pedidos para finalizar la obra. En este caso la ACP presentó su carta de disconformidad.
Y el tercer arbitraje es por el remanente de dinero y tiempo que no le reconoció el DAB a GUPC.
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‘ Llama la atención las objeciones presentadas por la ACP a las solicitudes de información sobre los estudios técnicos y de costos',
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