¿Hay seguridad en los países de América Latina?

ESPAÑA. En el actual contexto de crisis global, América Latina necesita encarecidamente de inversión extranjera para afrontar la salida del tsunami financiero en unas condiciones cuando menos igual de óptimas que las que tenía cuando llegó la hecatombe. Una condición ineludible es garantizar la seguridad jurídica de las empresas.

Un pionero estudio de la consultora Llorente y Cuenca sobre las relaciones empresa-gobierno en América Latina y España señala en uno de sus apartados que el 74% de los empresarios no está conforme con el grado de seguridad jurídica que aportan los Gobiernos en la actividad empresarial.

¿Está justificada esa reclamación? Al igual que ocurre con Asia y con África, los expertos consultados destacan que América Latina abarca países con situaciones muy diferenciadas.

“No son sólo matices. Son a veces fuertes contrastes. No es un abordaje (la cuestión de la seguridad jurídica) que tolere enfoques generalizantes. No hay un modelo único de desarrollo económico ni institucional. Cada país encuentra, si tiene suerte, el suyo”, explica Félix Peña, analista argentino, experto en relaciones internacionales.

El estudio de Llorente y Cuenca, elaborado a partir de las respuestas de 1,000 empresarios, gobernantes y políticos de América Latina y España —687 empresarios y 300 políticos— se ha centrado en ocho países, de los cuales México registra el mayor grado de disconformidad (96%). Le siguen Ecuador (91%), Brasil (85%), Argentina (74%), Perú (71%), Panamá (63%) y Colombia (60%).

Tanto José Antonio Llorente, consejero delegado de la consultora, como Alfredo Arceo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que ha dirigido la investigación, consideran que los resultados responden más a algo “aspiracional, a una reclamación general y generalizada”. No se trata, creen, de una alarma ante una hipotética inseguridad jurídica. “La seguridad ha mejorado, pero piden más. El momento actual lo reclama”, opina Llorente.

El sector energético es el que genera más desconfianza jurídica. Algunos países, con Venezuela y Bolivia a la cabeza, han modificado sus leyes energéticas para nacionalizar el gas y el petróleo. Independientemente de si las medidas adoptadas son buenas o malas, lo cierto es que crea una sensación de inseguridad de cara a los inversionistas. “El mayor riesgo que se puede alcanzar es que haya proyectos intrarregionales que no se puedan completar porque ningún inversor extranjero va a querer arriesgarse con algunos países que cambian las reglas del juego”, advierte Sergio Amaral, ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil.

Del estudio de Llorente y Cuenca se percibe también la necesidad de que empresarios y dirigentes políticos, de ambos lados generen más contactos entre ellos. El 85% de los empresarios asegura que la frecuencia de encuentros y reuniones que mantiene con los gobernantes y políticos es regular, baja o muy baja.