‘La idea es que más actores entren a producir etanol’: Paula Mesé sobre el revés del proyecto

El debate en torno a la implementación de los biocombustibles en el país ha entrado en un periodo de pausa y reflexión. Tras la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la discusión de las reformas a la ley de bioetanol hasta el próximo periodo legislativo , la Secretaría Nacional de Energía (SNE) busca aprovechar este receso para desmitificar los temores de la población y aclarar las reglas del juego para el sector privado.

En esta entrevista exclusiva, Paula Mesé, directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas de la SNE, ofrece una radiografía completa de la propuesta. Explica por qué la obligatoriedad de la mezcla no es una idea nueva , cómo reacciona la tecnología de los autos modernos ante una gasolina oxigenada al 10% y de qué manera una fórmula de precios estable a 15 años pretende blindar la inversión privada y proteger el bolsillo del consumidor panameño.

En principio es válido; es importante que la ciudadanía comprenda de qué se trata el proyecto, qué vamos a implementar en Panamá y cuáles serán las nuevas medidas con respecto al uso de nuevos combustibles. Creo que hubo un tema de poca información. La propuesta buscaba esclarecer la implementación de la Ley 42 (modificada por la Ley 355 de 2023), especialmente en el tema de la permisología, que resultaba muy complicada de aplicar. Queríamos separar las funciones de los productores y los importadores para que un solo agente no concentrará el mercado.

Más bien creo que hubo una confusión de términos o en la comprensión de la modificación del proyecto de ley. La idea es que más actores entren a producir etanol para depender menos de la importación.

Seguiremos abiertos a la comunicación y a la educación para contestar cualquier pregunta. Estamos respondiendo las dudas de los diputados y aprovecharemos este momento para orientar mejor a la población.

El debate se suspendió. Entendemos que cuando inicie el nuevo periodo legislativo nos llamarán para continuar con el segundo debate y aclarar las confusiones en la mesa.

Es importante aclarar que nosotros no estamos proponiendo la obligatoriedad en esta ley; la obligatoriedad ya existe en la Ley 355 de 2023, que establecía el uso obligatorio a partir de abril de 2024. Sin embargo, al recibir la ley, vimos que no estábamos preparados en infraestructura ni producción. Propusimos el 10% de mezcla porque internacionalmente se ha comprobado que es más estable y menos riesgosa frente a la contaminación por agua que una mezcla al 5%. Además, al ser un mercado pequeño, unificar la calidad del combustible evita que los costos se encarezcan por traer volúmenes mínimos de distintos productos.

La iniciativa data de la Ley 42 de 2011. En 2013 implementamos mezclas al 5%, pero el proyecto paró al año siguiente. En 2015 se eliminó la obligatoriedad, y no fue hasta 2023, con la Ley 355, que se reintrodujo la obligación para iniciar en abril de 2024 con un cronograma de 5%, 7% y 10%.

Técnicamente fue un ejercicio muy bueno. Logramos establecer reglamentaciones para toda la cadena de suministro. No hubo problemas de desfase en las mezclas. Al principio, algunos conductores llamaban porque se encendía una luz en el tablero, pero era simplemente el sistema computarizado del vehículo recalculando la combustión al recibir el oxígeno adicional que aporta el etanol. La gasolina oxigenada quema mejor el combustible, reduciendo las partículas y gases de efecto invernadero.

En la implementación de 2013 no tuvimos reportes de daños en vehículos. El temor a daños era válido hace 20 años con carros de carburador o mangueras de plástico, pero hoy día los fabricantes adaptan sus materiales. Los manuales de usuario modernos indican que los vehículos soportan hasta un 10% de etanol.

Recae principalmente en quién esté dispuesto a invertir. Se ha mencionado el área de Chepo y otras regiones con potencial para caña de azúcar, pero el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es el encargado de revisar qué áreas son aptas.

Existe una ley marco que establece los beneficios y requisitos. Además, la modificación propone una fórmula de precio estable por 15 años. No significa un precio único, sino que los componentes y la forma de cálculo se mantendrán, con revisiones anuales para evitar cambios abruptos y dar confianza al pequeño productor de caña.

Aún no hay una estimación oficial del precio final. Al principio, la producción nacional suele ser más costosa porque se inicia desde cero, pero la idea es compensarla con el costo del etanol importado para que el precio final sea favorable al consumidor.

El Estado no invertirá directamente; nosotros ponemos las reglas para que el sector privado invierta. Cuatro ingenios han mostrado interés con una inversión proyectada de unos 300 millones de dólares. Se estima que en unos siete u ocho años podríamos alcanzar el pico de producción nacional completa.