La pieza en común entre Saab y Hage Jalil que abrió una nueva era de extradiciones entre Venezuela, Panamá y Estados Unidos

Durante décadas, Venezuela sostuvo una posición casi intocable: no entregar ciudadanos venezolanos a otros países. La prohibición está establecida en el artículo 69 de la Constitución y fue utilizada históricamente como un muro legal frente a solicitudes de extradición internacionales.

Sin embargo, dos casos recientes comenzaron a desmontar ese principio histórico y hoy generan enorme controversia: la entrega de Álex Saab a Estados Unidos y la extradición de Ali Zaki Hage Jalil a Panamá.

Aunque ambos expedientes son completamente distintos —uno relacionado con presunta corrupción financiera y otro vinculado al terrorismo internacional— existe un punto clave que conecta ambos casos: los dos hombres poseían nacionalidad venezolana al momento de ser enviados fuera del país.

El caso de Saab y el de Hage Jalil revelan un cambio profundo en la interpretación política y jurídica de Venezuela sobre la protección de sus ciudadanos.

Juristas y organizaciones como Acceso a la Justicia sostienen que la diferencia central radica en que ambos eran venezolanos por naturalización y no por nacimiento, lo que habría permitido al Estado venezolano aplicar criterios más flexibles frente a la prohibición constitucional de extraditar nacionales.

Además, en ambos procesos aparece otro elemento común: la fuerte presión internacional.

Saab era requerido por Washington como pieza clave en investigaciones sobre lavado de dinero, corrupción y financiamiento del chavismo. Hage Jalil, por su parte, estaba ligado al atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en Panamá en 1994, ataque que dejó 21 muertos y que investigaciones internacionales relacionan con Hizbulá.

Durante años, Álex Saab fue uno de los hombres más cercanos al entorno de Nicolás Maduro. El empresario colombiano de origen libanés fue defendido públicamente por el chavismo, recibió cargos diplomáticos y llegó a ocupar funciones ministeriales mientras enfrentaba investigaciones federales en Estados Unidos.

Sin embargo, tras la caída política de Maduro y el ascenso del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, Saab fue detenido nuevamente en Caracas y posteriormente enviado a Miami bajo custodia federal.

Las autoridades venezolanas evitaron utilizar la palabra “extradición” y calificaron el procedimiento como una “deportación” por razones migratorias, una maniobra que buscaba evitar el choque directo con la prohibición constitucional.

Pero el giro más impactante llegó esta semana, cuando el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció una investigación contra Saab y aseguró que cometió “fraudes de todo tipo”.

Cabello afirmó además que Saab “no era ciudadano venezolano”, marcando distancia definitiva con quien durante años fue presentado como diplomático y aliado estratégico del régimen.

Actualmente, Saab enfrenta en Estados Unidos investigaciones por presunto lavado de dinero, corrupción internacional y operaciones financieras vinculadas al chavismo y a la estatal PDVSA.

El segundo expediente que encendió las alarmas fue el de Ali Zaki Hage Jalil, colombo-venezolano de ascendencia libanesa señalado como sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas.

El ataque ocurrió en Panamá en 1994 y dejó 21 muertos, incluidos ciudadanos estadounidenses e israelíes. El caso mantiene alta sensibilidad internacional por sus presuntos vínculos con Hizbulá.

Hage Jalil fue detenido en Isla Margarita tras una alerta roja internacional y posteriormente extraditado a Panamá pese a que el propio Tribunal Supremo de Justicia venezolano reconoció que poseía nacionalidad venezolana adquirida.

Aun así, las autoridades autorizaron el procedimiento bajo condiciones específicas acordadas entre ambos países.

Los casos de Saab y Hage Jalil reflejan un cambio delicado en la manera en que Venezuela maneja expedientes internacionales de alto perfil.

Expertos sostienen que razones diplomáticas, estratégicas y políticas terminaron imponiéndose sobre la interpretación histórica de la Constitución.

Además, ambos procesos muestran un patrón similar: Caracas evitó presentar las entregas como simples extradiciones políticas y buscó apoyarse en figuras jurídicas alternativas o en la condición de ciudadanos naturalizados.

Las recientes declaraciones de Diosdado Cabello refuerzan todavía más esa transformación. Ya no solo se discute si Venezuela puede entregar nacionales al extranjero, sino también quiénes continúan siendo protegidos políticamente por el poder y quiénes pasan a convertirse en piezas sacrificables dentro del nuevo tablero venezolano.