Consejo Municipal discutiría contrato excepcional con empresa multada por el Estado

Este martes el Consejo Municipal de Panamá abordará adquirir, mediante procedimiento excepcional, la contratación del servicio de provisión y mantenimiento de enlaces de fibra óptica para la videovigilancia a Ufinet Panamá, S.A, una empresa que fue multada por el Estado en 2025 por $6.5 millones.

El contrato, por $226,000, busca que la Alcaldía de Panamá tenga la visibilidad de 15 corregimientos a través de la instalación de 102 cámaras, una propuesta presentada por la institución en la pasada sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y avalada por los representantes,

Se trata de una licitación de 2017 y renovada en 2023 con Unión Eléctrica que subcontrataba a Ufinet, pero como interrumpieron el servicio, se “sacó al tercero para contratar directo con la compañía de telecomunicación y bajar los costos”, explicó Josue Obando, director de Tecnología de la Alcaldía de Panamá a este medio.

Con ello se adquirirá el servicio de videovigilancia por fibra óptica oscura.

Ufinet Panamá, fue multada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) el año pasado con $6,5 millones, además de cancelarle el contrato, por “incumplimientos reiterados” en la prestación de los servicios de internet y transporte y telecomunicaciones, una decisión “sustentada en informes técnicos”, cita el comunicado de la AIG.

Consultado por este hecho y cómo el Municipio verificaría que la empresa no les incumpla, Obando dijo que “se le multó por unos temas administrativos que no tiene nada que ver con el servicio que brinda”.

“Ellos legalmente apelan y la AIG tiene que retroceder y darle la oportunidad de seguir en el Convenio Marco. La AIG tuvo que echar para atrás en esto”, añadió el tecnólogo.

Pero contrario a lo que dice el funcionario, la AIG no se ha retractado de la multa sino que mantiene el comunicado citado en su portal.

No obstante, Obando facilitó el informe secretarial del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas del 22 de octubre de 2025 en el que relata la apelación de la firma Infante & Pérez Almillano, la misma en la que el canciller Javier Martínez Acha figura como parte del equipo de abogados.

Dicho documento cita que se publicó dentro del acto público la certificación de interposición del recurso de apelación y que “el mismo se surtirá en efecto suspensivo y se adjunta la copia de la publicación”.